Se trata de las franquicias comprometidas en el Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), las que, según apuntan desde la Comisión Térmica de ACESOL, el Ministerio de Vivienda habría disminuido a tal punto, que el 50% de las empresas dedicadas a la venta e instalación de sistemas solares térmicos para viviendas sociales, podría quebrar o verse forzadas a cambiar de rubro.
