La gerente general de AmCham Chile, Paula Estévez, abrió el encuentro destacando la urgencia de actuar: “La permisología se ha convertido en una barrera para la inversión, impactando la realización de proyectos, la creación de empleo y el crecimiento del país. Valoramos la reciente Ley de Permisos Sectoriales, pero es solo un primer paso y no resolverá por sí sola esta problemática”.
El análisis expuesto por Obach parte de tres conclusiones que recorrieron toda su presentación. Primero, que el desarrollo sostenible y el cuidado del medioambiente no son incompatibles con el crecimiento económico; al contrario, requieren más inversión y no menos. Segundo, que el Estado debe actuar como socio del sector privado, apoyando la formulación de proyectos y actualizando regulaciones, en lugar de convertirse en un obstáculo. Y tercero, que es urgente cambiar la realidad actual para aumentar la tasa de inversión, salir del estancamiento y cumplir con una responsabilidad que, como señaló, se tiene con los más vulnerables y con las futuras generaciones.
La exposición mostró cifras que ilustran con crudeza el problema. En los años 90, un Estudio de Impacto Ambiental demoraba en promedio 200 días; hoy tarda 1.000, y eso sin considerar las suspensiones que pueden extender el proceso aún más. Pese a esta multiplicación de plazos, no se observan mejoras proporcionales en los estándares ambientales de los proyectos aprobados. Obach fue claro: “el problema es gigantesco”.
El estudio también aborda el cambio en el carácter de las Declaraciones de Impacto Ambiental, que pasaron de ser simples declaraciones juradas a convertirse en “mini estudios” donde la carga de la prueba recae completamente en el titular, reflejando una desconfianza que permea el sistema. A esto se suma el incumplimiento reiterado de los plazos legales en permisos sectoriales, que evidencia la incapacidad del Estado de hacer cumplir su propia normativa.
La regulación ambiental, en tanto, ha crecido de forma exponencial. Las guías ambientales, que hace algunos años no existían, hoy suman 1.200 páginas y dependen del criterio de la administración de turno. “Necesitamos leyes simples y normativas claras, que no dejen espacio a interpretaciones, porque si no, caemos en la arbitrariedad del evaluador”, advirtió Obach.
El costo económico de esta situación es significativo. Según cálculos del estudio, la permisología representa entre un 3% y 7% del PIB anual. Reducir los plazos a la mitad tendría efectos equivalentes a una rebaja de cuatro puntos en el impuesto corporativo, y aumentaría la recaudación fiscal en 0,23% del PIB. “La magnitud económica del problema está bien documentada”, subrayó el expositor.
Pero el diagnóstico no se limita a los números. El informe identifica problemas de fondo en la gestión pública, como la falta de visión sistémica, que lleva a evaluar proyectos acumulando requisitos sin una mirada integral de sus beneficios ambientales o sociales. El caso del Hospital del Cáncer, al que se le exigieron corredores biológicos para invertebrados no contemplados en la ley, fue citado como ejemplo de la incoherencia del sistema.
En este escenario, Horizontal propone transformar la gestión de los permisos mediante un nuevo estatuto laboral para los funcionarios públicos encargados de estas tareas, que contemple incentivos por eficiencia y sanciones por incumplimiento de plazos. También plantea consolidar la figura de revisores externos, digitalizar procesos e incorporar inteligencia artificial para automatizar etapas como la admisibilidad, evitando rechazos tardíos por certificados menores.
La exposición también abordó la inseguridad jurídica que enfrentan los proyectos, con múltiples vías administrativas y legales para paralizarlos. Se propone concentrar todas las impugnaciones en un solo recurso y que los Tribunales Ambientales tengan la última palabra sobre la legalidad de las resoluciones. En paralelo, se sugiere establecer requisitos de admisibilidad para las impugnaciones y sancionar a quienes presenten demandas infundadas.
Otro punto central del informe es la relación con las comunidades. Si bien es legítimo que participen en los procesos, se ha observado un “mercado de abogados” que recorre el país impugnando proyectos. Horizontal propone que sea la CONADI quien defina qué comunidades son afectadas, no el titular del proyecto, y que se establezca transparencia total en la participación de organizaciones.
El estudio culmina con 30 propuestas concretas, agrupadas en cinco ejes: Permisología Base Cero, Reforma Ambiental, Nueva Gestión Pública, Nuevo Trato con la Comunidad y Nudos Sectoriales Críticos. En este último punto, se destaca la urgencia de transformar el Consejo de Monumentos Nacionales, trasladando sus atribuciones al Servicio Nacional del Patrimonio para evitar cuellos de botella.
Obach cerró su exposición recordando que Chile tiene un enorme potencial en energías renovables y minerales críticos, pero que sin reformas profundas seguirá perdiendo oportunidades. El encuentro concluyó con un consenso entre los asistentes: el país necesita una Política de Estado que permita simplificar los procesos, recuperar la certeza jurídica y destrabar la inversión, sin comprometer los estándares ambientales que la sociedad demanda.
Fuente: amchamchile.cl
