Las tecnologías para desalar agua ya se encuentran probadas mundialmente hace años, en especial la tecnología de osmosis inversa, con amplia aceptación en nuestro país. Por otro lado, la sequía nos apremia. La necesidad de acelerar la desalación no sólo para la industria minera, sino que para múltiples fines -industriales, ambientales, agrícolas y consumo humano- es hoy un imperativo estratégico, con intereses de orden público para efectos de garantizar el cumplimiento de objetivos básicos de desarrollo sostenible. Hoy el estado gasta más de CLP 300 mil millones al año en agua vía camiones aljibe.
En Chile hoy existen 24 plantas desaladoras operando, las cuales producen aproximadamente 5.5 metros cúbicos (m3) de agua desalada por segundo a un costo energético de 2.9 KWh por m3 en el más eficiente de los casos. Hoy existen otros 22 proyectos desaladores en desarrollo, y se espera que la producción nacional alcance los 14.4 m3 por segundo al 2025, lo cual requeriría -asumiendo el costo energético actual- de una capacidad instalada de aproximadamente 800 MW solares o 600 MW eólicos al año 2025. Debemos considerar que esta capacidad sólo cubre la producción esperada de los proyectos actualmente en desarrollo, los cuales están mayoritariamente destinados para fines industriales como la gran minería clientes industriales y en parte también, las sanitarias para el consumo humano dentro de su área de concesión.
Si consideramos que hoy el agua desalada para la minería representa sólo el 20% del agua requerida por dicha industria para operar, y si la demanda del agua proveniente de la minería representa sólo el 3% de la demanda de agua a nivel nacional -llevándose la pequeña y mediana agricultura el grueso porcentual-, entonces podemos asegurar con certeza de que la desalinización requerirá de varios GW de capacidad instalada energética. Esta demanda no incluye otras necesidades hídricas de orden ambiental, las cuales podrían sumar una enorme demanda adicional de agua, como por ejemplo la recuperación de acuíferos hoy en riesgo de quedar secos, el agua necesaria para recuperar áreas verdes de un norte chico que amenaza rápidamente con desertificar la zona central de nuestro país, entre otros usos de orden público.
Resulta importante entender que la energía representa hoy entre el 30-50% del costo operacional de una planta desaladora. Es, por ende, estratégicamente importante reducir este costo con energía renovable a gran escala, económica de tal manera de lograr un costo de agua desalada razonable, especialmente para aquellos consumidores finales de menor poder adquisitivo y/o para fines de orden público, donde son los gobiernos regionales y/o municipalidades las que se constituyen como clientes finales.
Dadas las razones anteriores, resulta esencial contar con una planificación estratégica y centralizada del agua a nivel nacional. El proyecto de ley de desalinización actualmente en el congreso (boletín 11.608-09) plantea la creación de una “Estrategia Nacional de Desalinización”, pero omite la definición de una institucionalidad formal y funciones específicas. Asimismo, omite también una estrategia energética asociada a la desalinización. A nivel de concesiones marítimas, si bien nos parece importante que la iniciativa privada siga existiendo para proyectos privados, dada la naturaleza estratégica del problema, es muy importante que exista una figura de concesión marítima regulada mediante licitaciones públicas que se estructuren en función de la demanda nacional de largo plazo y especialmente para satisfacer usos de orden público y ambiental, aplicando criterios económicos y de zonificación territorial por región. Las empresas concesionarias reguladas deberán ser empresas desaladoras con giro único y con la facultad de transportar dicha agua a lo largo del territorio habilitado para su concesión, de la misma forma que las sanitarias en las áreas urbanas.
Dada la gran cantidad de energía requerida, no es económica ni ambientalmente eficiente que cada empresa desaladora se haga cargo de sus propias necesidades en forma aislada, dado que no aprovecharían de mejor manera las economías de escala y sabiendo que las grandes extensiones de un parque solar o eólico probablemente no van a ser compatibles con el uso del suelo en zonas costeras. Por ello se debiese actuar coordinadamente con la Comisión Nacional de Energía (CNE) para planificar las necesidades energéticas asociadas haciendo uso del mecanismo de licitaciones.
Considerando que el proyecto de ley que reforma el régimen de concesiones marítimas, actualmente en el congreso (boletín 8.467-12) busca que las concesiones marítimas pasen a ser administradas por el Ministerio de Bienes Nacionales, pareciera de toda lógica que la demanda de energía necesaria para cubrir la demanda de agua desalada, se estructure vía licitaciones públicas de la CNE mediante la oferta de bloques horarios especialmente diseñados para satisfacer la demanda desaladora. Al ser Bienes Nacionales el administrador de las concesiones marítimas y considerando su mandato de zonificación y administración sostenible del territorio nacional, es perfectamente posible que una concesión marítima regulada para estos efectos, incluya el acceso a un terreno -por ejemplo en el norte grande- para desarrollar un parque solar y/o eólico, al cual también, tendrá un contrato de suministro (PPA) con la empresa desaladora respectiva, que le permita al generador de energía, financiar el desarrollo y la construcción del proyecto.
Un esquema licitatorio podría ser una solución para lograr PPA’s con precios muy competitivos y tarifas reguladas para abastecer el agua “pública”. Bienes Nacionales puede ser la solución para dar viabilidad a los derechos de extracción de agua necesarios para la demanda pública, así como también los terrenos necesarios para el desarrollo ERNC, todo bajo criterios óptimos de zonificación territorial.
Ignacio Rodríguez es abogado y actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL AG, y socio de Impacto Legal.
