Agregaron que dicha voluntad se manifiesta en desaladoras como la recientemente inaugurada en Atacama y el catastro dado a conocer por la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía que identifica proyectos en desarrollo que llevarían la capacidad instalada nacional de 6.653 litros por segundo (l/s) de agua desalada a 21.237 l/s en los próximos años.
No obstante, declararon que falta por avanzar en una serie de políticas públicas, normativas y ordenamiento institucional para generar mayores certezas a los inversionistas y reducir los tiempos de tramitación.
Para Patricio Mártiz, director de ALADYR, regiones como Coquimbo y Valparaíso deben acelerar los procesos porque el déficit hídrico se intensifica con mayor velocidad que la necesaria para la modernización de la estructura institucional, incluida la aprobación de proyectos, obtención de concesiones marítimas e implementación de las políticas públicas
para financiar las inversiones y operación.
Desalación oportuna
El equipo legal de la Asociación alerta sobre la necesidad de una nueva institucionalidad en torno a la desalación que incluya un sistema de ventanilla única para agilizar la permisología que se extiende por varios organismos del Estado.
Otra propuesta de los abogados es la de dotar de certeza al agua desalinizada como objeto jurídico, y expresaron que más allá de la diatriba política de si debe declararse como bien privado o bien nacional de uso público, se requiere garantizar a los inversionistas y operadores el derecho de uso, goce y disposición para que así el sector privado cumpla el rol de socio del Estado en el cumplimiento de la meta de seguridad hídrica.
Resaltaron que las plantas desaladoras deben incluirse en un proyecto de ordenamiento territorial para destinar espacios preferentes para la instalación de estas. También, dada su relevancia para los intereses nacionales, es preciso que los proyectos de este tipo, incluido las conducciones necesarias para el transporte del agua desalada, gocen del derecho de imponer servidumbres sobre terrenos privados y bienes nacionales de uso público, tal como sucede con proyectos de otros sectores de alta prioridad como el energético.
Adicionalmente, Mártiz dijo que es necesario superar paradigmas sociales que jerarquizan la calidad del agua proveniente de la cordillera por encima del agua desalinizada para uso potable, puesto que las tecnologías permiten llevarla a una calidad mayor.
“Este paradigma hace que incurramos en ineficiencias como evitar que la minería situada en altura capture agua de la cordillera obligándolas a bombear agua desalinizada desde la costa, mientras que las poblaciones y la agricultura, muchos metros más abajo, reciben el agua de la fuente natural desde la cordillera. Para estos casos proponemos un intercambio de aguas, que denominamos swap, en donde la minera pueda consumir agua de cordillera y producir agua desalinizada para la población o la agricultura en la zona baja, en compensación por el agua que ocupa y que no llegaría producto de la natural escorrentía. Este swap puede hacerse incluso por consumo de agua subterránea y compensarse también con agua servida tratada que hoy se dispone en el mar solo con tratamiento preliminar” explicó.
El representante de ALADYR también apuntó a la reutilización de agua y efluentes, principalmente en los centros urbanos donde hay mayor consumo y detalló que la infraestructura de tratamiento de Chile es la más avanzada de toda Latinoamericana, lo que permitiría adaptarla tecnológicamente a niveles de reúso directo para distintos fines y en cumplimiento con toda la normativa de calidad.
Para finalizar, desde la Asociación reiteraron su disposición de trabajar con las instituciones del Estado como lo han venido haciendo en el Congreso Nacional y en los distintos espacios en los que se discute la mejor manera de alcanzar la seguridad hídrica que demanda la sociedad chilena.
