ARMASUR, entendemos que el futuro del sector depende de innovar en eficiencia, cuidar el entorno costero y fortalecer la colaboración público-privada para avanzar en una economía verdaderamente circular”.
Metas y acciones
El APL establece ocho metas y 35 acciones concretas destinadas a reducir los impactos ambientales y sociales del sector marítimo-portuario. Entre ellas destacan la medición y disminución de la huella de carbono mediante eficiencia energética y mitigación progresiva de emisiones, así como la implementación de plataformas públicas como HuellaChile y Gestiona Energía MiPyme, consolidando un enfoque territorial, colaborativo y sostenible.
Asimismo, se impulsa un sistema integral de gestión y trazabilidad de residuos críticos —como plásticos, EPS, cabos y aceites— bajo un modelo de economía circular, junto al registro mensual de consumos energéticos e hídricos.
“Para el Ministerio, este APL es muy importante porque nos acerca a nuestra meta de la carbono neutralidad al 2050, y es importante recalcar que es una política de Estado que transciende a este gobierno. Debemos resaltar que una de las metas de esa estrategia es contar con información de la huella de carbono de los distintos sectores productivos, y este APL avanza concretamente en esa dirección. Y si bien el sector marítimo no es de los sectores productivos que más genera gases de efecto invernadero, sí está invitado a reducir estas emisiones, tal como la Organización Marítima Internacional ya lo aprobó hace un par de años”, sostuvo el seremi de Energía, Claudio Pareja.
Un modelo de gobernanza colaborativa para la sostenibilidad
El Acuerdo fortalece la gobernanza sectorial mediante la articulación entre empresas, organismos públicos, academia y organizaciones territoriales, a través de iniciativas como la conformación de la Mesa Público-Privada de Economía Circular, planes de gestión energética, hídrica y de residuos, y programas de capacitación y educación ambiental.
El director regional de Corfo, Eduardo Arancibia, señaló que “desde Corfo, en conjunto con el sector privado y la Armada, se lanzó la Estrategia Nacional de Construcción Naval, con un comité específico y con instrumentos que ya comenzaron a operar. ARMASUR es parte relevante de este comité, que abarca desde la Octava Región hasta Magallanes, porque la Región de Los Lagos concentra la mayor cantidad de naves y astilleros, y por eso se ha convertido en un actor central de esta estrategia. Creemos que este trabajo tendrá un impacto de largo plazo, porque por un lado afecta la soberanía nacional, que podamos construir nuestras naves, que ahora compramos afuera, y al mismo tiempo la innovación y el desarrollo de una industria que genere valor, y que todo lo que se refiere a tecnologías limpias esté dado dentro del comité”.
Entidades participantes
El APL cuenta con la participación de los Ministerios de Energía, Medio Ambiente y Salud, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) representada por la Gobernación Marítima de Puerto Montt, la Universidad de Los Lagos, Salmón Chile, AMICHILE y la ONG Canales, entre otros actores.
Diagnóstico del sector
El clúster marítimo-portuario del sur austral, que abarca las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, es un eje logístico fundamental para la economía nacional. Las empresas agrupadas en ARMASUR A.G. generan más de 7.000 empleos directos, operan más de 180 naves, realizan cerca de 400.000 zarpes y recaladas anuales y transportan a más de 7 millones de personas cada año. Los puertos asociados movilizan además 240.000 metros lineales de carga, 420.000 m³ de smolt, 970.000 toneladas de alimento para peces y 140.000 toneladas de otras cargas anualmente.
Este sector estratégico enfrenta desafíos ambientales y climáticos crecientes, considerando que el transporte marítimo representa el 25% de las emisiones de CO₂ provenientes de combustibles fósiles en América Latina. A ello se suman amenazas como el aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos y los impactos en la biodiversidad marina, que ponen en riesgo la operación y la infraestructura portuaria en el sur del país.
