Se trata de las empresas Derco, Automotores Gildemeister y Emasa, que integran el Consorcio de Baterías que suscribió el acuerdo voluntario en 2016, como las que adhirieron a este compromiso: Autorentas del Pacífico, Comercial MAB Chile, Neumáticos Carvallo, Sodimac, Kaufmann Vehículos Motorizados, Comercial Kaufmann, Autoplanet, Dercocenter, Dercomaq, Sergo Chile y Salfa, sumando un total de 59 instalaciones certificadas.
Entre los principales impactos del APL destaca el plan piloto que permitió la gestión de más de 45 mil unidades de BFU, lo que generó impactos tanto sociales como ambientales, logrando reunir a todos los actores de la cadena de gestión de este residuo peligroso, generando capacidades de trabajadores y clientes en materia de manejo seguro y reciclaje.
Junto con ello, se logró una reducción total de 507.260 Kg de CO2 equivalente, cuantificándose 24.033 Kg de CO2 por la recolección de BFU realizada en el piloto y una disminución indirecta de 483.227 Kg de CO2 producto de la recuperación de materias primas secundarias -plomo-, como por valorización y disposición en forma correcta de BFU.
“La preparación de este sector productivo para el próximo decreto de la Ley REP se cumplió plenamente. Aquí había brechas importantes, se trata de un sector que no estaba agrupado y lograr esa asociación es fundamental para poder avanzar en el sistema de gestión. Y ese solo hecho significa un tremendo avance, además de los otros impactos directos”, sostuvo el director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Giovanni Calderón, y añadió: “otra brecha relevante era la falta de información para poder enfrentar la próxima regulación que viene y en eso también se avanzó de manera muy sustantiva, así que este APL ha sido para nosotros un tremendo éxito, cumple con todas nuestras expectativas”.
Junto con valorar el intenso trabajo de los equipos intersectoriales para el avance del APL en un período complejo de pandemia, el director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, señaló que “como servicio esto ha impuesto un desafío no menor en torno a involucrarnos en un trabajo colaborativo con el sector privado y el sector público para, desde nuestras atribuciones y facultades, generar instancias de participación, entrega de información, procesamiento de datos, impactos en nuestros sistemas transaccionales, para poder dar viabilidad a una iniciativa tan importante como es la que está contenida en la ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que en definitiva nos posiciona como país, como sociedad, en una instancia de protección del medio ambiente”.
Esta experiencia permitió conocer las implicancias de crear un sistema de gestión colectivo o individual, estableciéndose que el más adecuado sería un modelo colectivo para enfrentar las obligaciones a corto plazo de la ley REP, con una visión común.
Bernardo Bravo, representante del Consorcio de Baterías valoró: “este día es muy importante porque después de casi cuatro largos años de mucho trabajo, de bastantes horas invertidas, con fijación de metas difíciles, estamos recibiendo esta certificación que es un premio a nuestros esfuerzos como parte de un camino en el que debemos seguir avanzando para cuidar nuestro planeta” y precisó: “concluimos satisfactoriamente las tres etapas del APL, tuvimos un auditor muy exigente y cumplimos cabalmente con todos los requerimientos, por lo que debemos estar orgullosos”.
Junto con destacar que la ley REP y su implementación que ha sido un puntal para el cambio hacia una economía circular, Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, dijo que el trabajo que se ha hecho en este APL ha sido clave porque ha permitido reunir a toda la cadena del mundo de las baterías.
“Esto va a ser un trabajo colaborativo, donde el sistema colectivo de gestión va a jugar un rol clave y, en ese sentido, este APL ha significado un avance muy importante al tener a todos los actores ya pensando cómo se va a desarrollar esta nueva figura que son los sistemas colectivos de gestión”, enfatizó González.
Otros resultados
Además de aumentar el reciclaje y la trazabilidad de las BFU, el APL mejoró la información del sector como insumo para el futuro Decreto Supremo. En ese sentido, se estableció que el mercado informal de baterías alcanza un 70% promedio y se verificó la importancia de optimizar el transporte en zonas extremas, para reducir costos y huella de carbono.
Por otro lado, se implementaron bodegas totalmente habilitadas para almacenaje de BFU, aumentando de 13 a 145, y se culminó con la totalidad de instalaciones con clave en Ventanilla Única y declaraciones en el SIDREP.
Este trabajo público privado permitió la generación de competencias en torno a la ley REP y el fortalecimiento de las alianzas y redes entre los actores del sector, que permitirá avanzar hacia la generación de un sistema de gestión colectivo, aspecto muy relevante dado que las empresas no se encuentran asociadas bajo algún gremio.
