Esta pregunta adquiere especial relevancia cuando observamos la experiencia chilena de los últimos años. Nuestro país ha construido una Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa que reconoce que la transformación energética no consiste simplemente en cerrar centrales a carbón y reemplazarlas por tecnologías limpias. Implica también abordar sus efectos sobre el empleo, el bienestar, las comunidades y el desarrollo de los territorios.
“La transformación energética no consiste simplemente en cerrar centrales
a carbón y reemplazarlas por tecnologías limpias”
Pero la justicia de la transición no puede limitarse a los territorios donde se emplazan las tecnologías en retirada. También debe estar presente allí donde se construye la infraestructura energética del futuro.
Chile es líder en proyectos de generación renovable y experimenta una expansión de proyectos de transmisión. Son inversiones necesarias para aprovechar nuestro potencial energético, reducir emisiones y avanzar hacia una economía más competitiva. Sin embargo, cuando estos proyectos llegan a territorios sin suficiente planificación, participación efectiva o mecanismos de generación de valor compartido, pueden surgir conflictos que terminan afectando, tanto a las comunidades, como a los propios proyectos.
“El diálogo temprano permite identificar mejor los impactos, incorporar
información local y construir soluciones antes de que las posiciones se
rigidicen”
La experiencia internacional muestra que existen caminos para abordar este desafío. Pero quizás uno de los principales aprendizajes es que la participación no debería comenzar cuando el proyecto ya está diseñado. El diálogo temprano permite identificar mejor los impactos, incorporar información local y construir soluciones antes de que las posiciones se rigidicen.
Las comunidades no deben ser consideradas únicamente receptoras de impactos o beneficiarias de compensaciones, deben convertirse en “socios” del desarrollo energético. Eso requiere información transparente, diálogo entre empresas, comunidades y autoridades, y mecanismos concretos para que parte del valor generado por las inversiones contribuya al desarrollo local.
“No se trata de replicar mecánicamente una experiencia en todos los territorios,
sino de establecer principios comunes"
Esto no significa frenar la inversión energética. Por el contrario, significa crear mejores condiciones para que pueda desarrollarse. La certeza que necesita un proyecto no es solamente regulatoria o financiera. También es territorial y social. Podemos desarrollar los mejores estándares para la llegada de la nueva infraestructura energética. No se trata de replicar mecánicamente una experiencia en todos los territorios, sino de establecer principios comunes: participación temprana, información confiable, planificación territorial, diálogo permanente y mecanismos de valor compartido.
