Transición energética, biodiversidad e hidrógeno verde

Por Sara Larraín, Directora Chile Sustentable

OPINIÓN

“De promulgarse y dictarse prontamente los reglamentos requeridos para aplicar la Ley SBAP o Ley de la Naturaleza, Chile contará con los instrumentos necesarios para proteger y conservar el patrimonio ambiental del país (el capital natural) para las presentes y futuras generaciones; elevar las condiciones y estándares ambientales de los sectores extractivos e industriales y también enfrentar con mayor resiliencia y seguridad los impactos del cambio climático”.

La semana pasada, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, celebró su primer logro legislativo: la aprobación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la última institucionalidad pendiente de la Ley Bases del Medio Ambiente y que demoro 12 años en su tramitación durante 4 períodos de gobierno.  Con un presupuesto modesto, pero mayor que el existente hoy, el nuevo servicio será el encargado de administrar las áreas protegidas públicas, supervisar las áreas protegidas privadas y asegurar la protección de las especies y ecosistemas existentes en el territorio nacional (continental y marino) fuera de las áreas protegidas.


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Esta normativa es clave, pues el importante patrimonio ambiental del país, constituido en muchos casos por especies endémicas y ecosistemas únicos ha enfrentado una grave degradación por actividades industriales como la minería en el norte y centro; la pesca de arrastre y la salmonicultura; la agroindustria y el monocultivo forestal especialmente en el centro y sur del país.  La regulación sectorial de estas industrias históricamente no han tenido ni la cobertura, ni las condiciones, ni la fiscalización para evitar y reparar dicha destrucción; y la creación e  implementación desde hace 2 décadas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  sólo ha podido abordar el impacto proyecto a proyecto en forma fragmentada, en un contexto de carencia de líneas de base ambiental territorial  y de sistemática no aplicación de la  Evaluación Ambiental Estratégica, aunque dicha norma tiene más de una década.

 

De promulgarse y dictarse prontamente los reglamentos requeridos para aplicar la Ley SBAP o Ley de la Naturaleza, Chile  contará con los instrumentos necesarios para  proteger y conservar el patrimonio ambiental del país (el capital natural) para las presentes y futuras generaciones;  elevar las condiciones y estándares ambientales de los sectores extractivos e industriales y también enfrentar con mayor resiliencia y seguridad los impactos del cambio climático que se intensificarán en las próximas décadas.

"Finalmente, lo que más impresiona y preocupa es el sesgo de la elite nacional que ha formulado la Estrategia de H2, concesionado los territorios y negociado los financiamientos".

Pero también la Ley SBAP junto a la Evaluación Ambiental Estratégica, y los avances contenidos en la reforma del Código de Aguas y la Ley Marco de Cambio Climático nos permiten abordar con mejores instrumentos y estándares el acelerado aterrizaje de otras mega industrias intensivas en recursos naturales y energía, que el Gobierno de Chile ha decidido liderar con el apoyo financiero y un mercado asegurado en los países de la Unión Europea.

 

La semana pasada el Presidente Gabriel Boric y la presidenta de la Unión Europea (UE) Ursula von der Leyden firmaron un acuerdo en virtud del cual Chile pone su territorio, agua y energía para la fabricación de Hidrogeno Verde (H2) y la UE pone los recursos para subsidiar y atraer inversiones privadas para materializar una industria de gran escala capaz de alimentar su transición energética.

La hoja de ruta del H2, el plan financiero y la trama del acuerdo se gestó en el Gobierno de Sebastián Piñera, período en el cual también se efectuaron acuerdos y la repartija territorial, incluyendo concesiones de terrenos fiscales en Antofagasta y Magallanes por parte del Ministerio de Bienes Nacionales.

 

Hoy los inversionistas jugadores están en la cancha. En 2024 llegará la plata y el Gobierno ha acelerado talleres de “información/participación” expost a la decisión ya zanjada, en los que se ha informado sobre los beneficios, pero no sobre los impactos de esta futura mega-industria. Pero no existe la información sobre el territorio, la biodiversidad, las aguas, y tampoco sobre los impactos de las desaladoras, las salmueras, los puertos y los kilómetros cuadrados de infraestructura energética para alimentar los complejos industriales de H2 muy intensivos en energía, especialmente en ecosistemas tan frágiles como los de Magallanes.

 

Tampoco existe regulación ambiental para la desalación, (las guías existentes son totalmente insuficientes); ni las coordinaciones públicas e institucionales para realizar una Evaluación Ambiental Estratégica, para adquirir conocimiento sobre el territorio y prevenir los impactos sinérgicos y acumulados de decenas de mega proyectos de H2 que se están instalando en Tierra del Fuego y las dos regiones destinadas al aterrizaje masivo de estos complejos industriales.  

 

Finalmente, lo que más impresiona y preocupa es el sesgo de la elite nacional que ha formulado la Estrategia de H2, concesionado los territorios y negociado los financiamientos; como si no se necesitara territorio, agua y energía para el montaje de estas industrias.

 

En la danza de los millones de dólares, de euros y de pesos que incluyen los acuerdos, hay plata para los inversionistas (además de los subsidios vigentes de la Ley Navarino); para las mejoras tecnológicas, para la propaganda y para CORFO. Pero no existe ni un peso comprometido para desarrollar las líneas de base territorial, las evaluaciones ambientales estratégicas, las nuevas regulaciones ambientales, los refuerzos del sistema de evaluación  ambiental, la fiscalización, amén de las evaluaciones y servicios sociales  de vivienda, salud, educación  del componente humano de dichas industrias, las que seguramente tendremos que pagar todos los chilenos, además de hacernos cargo de los pasivos ambientales que provocaran en estas zonas que van al sacrificio.

 

Desde la ciudadanía esperamos que el gobierno del Presidente Boric y los ministros involucrados en el Plan para instalar la industria del Hidrógeno Verde, tomen conciencia de este estructural vacío. Esperamos que asuman, financien y ejecuten las acciones para superar las carencias de líneas de base, evaluaciones estratégicas, planificación integrada, participativa y las regulaciones faltantes. De lo contrario solo tendríamos a la mano las listas de exclusión y los estándares socio ambientales de los cuatro bancos multilaterales involucrados en los financiamientos. Esperamos no tener que restringirnos a ello, para que esta industria investida con el atributo de aportar a la descarbonización energética, no nazca con pies de barro.

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