Pero también la Ley SBAP junto a la Evaluación Ambiental Estratégica, y los avances contenidos en la reforma del Código de Aguas y la Ley Marco de Cambio Climático nos permiten abordar con mejores instrumentos y estándares el acelerado aterrizaje de otras mega industrias intensivas en recursos naturales y energía, que el Gobierno de Chile ha decidido liderar con el apoyo financiero y un mercado asegurado en los países de la Unión Europea.
La semana pasada el Presidente Gabriel Boric y la presidenta de la Unión Europea (UE) Ursula von der Leyden firmaron un acuerdo en virtud del cual Chile pone su territorio, agua y energía para la fabricación de Hidrogeno Verde (H2) y la UE pone los recursos para subsidiar y atraer inversiones privadas para materializar una industria de gran escala capaz de alimentar su transición energética.
La hoja de ruta del H2, el plan financiero y la trama del acuerdo se gestó en el Gobierno de Sebastián Piñera, período en el cual también se efectuaron acuerdos y la repartija territorial, incluyendo concesiones de terrenos fiscales en Antofagasta y Magallanes por parte del Ministerio de Bienes Nacionales.
Hoy los inversionistas jugadores están en la cancha. En 2024 llegará la plata y el Gobierno ha acelerado talleres de “información/participación” expost a la decisión ya zanjada, en los que se ha informado sobre los beneficios, pero no sobre los impactos de esta futura mega-industria. Pero no existe la información sobre el territorio, la biodiversidad, las aguas, y tampoco sobre los impactos de las desaladoras, las salmueras, los puertos y los kilómetros cuadrados de infraestructura energética para alimentar los complejos industriales de H2 muy intensivos en energía, especialmente en ecosistemas tan frágiles como los de Magallanes.
Tampoco existe regulación ambiental para la desalación, (las guías existentes son totalmente insuficientes); ni las coordinaciones públicas e institucionales para realizar una Evaluación Ambiental Estratégica, para adquirir conocimiento sobre el territorio y prevenir los impactos sinérgicos y acumulados de decenas de mega proyectos de H2 que se están instalando en Tierra del Fuego y las dos regiones destinadas al aterrizaje masivo de estos complejos industriales.
Finalmente, lo que más impresiona y preocupa es el sesgo de la elite nacional que ha formulado la Estrategia de H2, concesionado los territorios y negociado los financiamientos; como si no se necesitara territorio, agua y energía para el montaje de estas industrias.
En la danza de los millones de dólares, de euros y de pesos que incluyen los acuerdos, hay plata para los inversionistas (además de los subsidios vigentes de la Ley Navarino); para las mejoras tecnológicas, para la propaganda y para CORFO. Pero no existe ni un peso comprometido para desarrollar las líneas de base territorial, las evaluaciones ambientales estratégicas, las nuevas regulaciones ambientales, los refuerzos del sistema de evaluación ambiental, la fiscalización, amén de las evaluaciones y servicios sociales de vivienda, salud, educación del componente humano de dichas industrias, las que seguramente tendremos que pagar todos los chilenos, además de hacernos cargo de los pasivos ambientales que provocaran en estas zonas que van al sacrificio.
Desde la ciudadanía esperamos que el gobierno del Presidente Boric y los ministros involucrados en el Plan para instalar la industria del Hidrógeno Verde, tomen conciencia de este estructural vacío. Esperamos que asuman, financien y ejecuten las acciones para superar las carencias de líneas de base, evaluaciones estratégicas, planificación integrada, participativa y las regulaciones faltantes. De lo contrario solo tendríamos a la mano las listas de exclusión y los estándares socio ambientales de los cuatro bancos multilaterales involucrados en los financiamientos. Esperamos no tener que restringirnos a ello, para que esta industria investida con el atributo de aportar a la descarbonización energética, no nazca con pies de barro.
