su supervisión, ofrecía un marco de referencia claro para los usuarios. Detalló que ahora se establece un concepto de reasignación de concesiones que tiene que pasar necesariamente por la aprobación de la Autoridad del Agua y que se dejan decisiones técnicas a merced de criterios políticos o burocráticos.
Es importante distinguir, no obstante, entre la rectoría estatal fortalecida —que resulta lógica e inevitable al elevar el agua al rango de derecho humano— y aquellos aspectos operativos que, en la lectura del representante de ALADYR, generan rigidez innecesaria pero que sí podrían corregirse y acotarse mediante una reglamentación técnica adecuada y lineamientos claros que brinden certeza a la inversión.
Si bien ALADYR rescata como un aspecto positivo que la Ley General de Aguas se haya centrado en definir y garantizar el agua para uso personal y doméstico, dejando por fortuna los otros usos productivos bajo el paraguas de la Ley de Aguas Nacionales y evitando así una parálisis total de la industria, la forma en que esta última fue modificada genera incertidumbre en los sectores productivos al introducir la intervención de la autoridad federal, desde la Ciudad de México, en la definición del destino y autorización bajo criterios aún no definidos de las transferencias, impidiendo el trato directo entre usuarios, penalizando la generación de valor económico adicional y desanimando la liberación de volúmenes mediante inversiones particulares en uso eficiente, como ha ocurrido entre empresas agroindustriales y productores agropecuarios.
Para Olivares, la separación de los derechos de agua de la titularidad de la tierra para el sector agrario es uno de los puntos más álgidos y peligrosos para la seguridad alimentaria. “Esto deja al sector primario en condiciones de incertidumbre jurídica sobre los derechos de agua de las tierras heredadas o traspasadas, lo que pone en riesgo la producción y desincentiva la inversión en tecnificación de riego al no haber garantías de titularidad del recurso hídrico a largo plazo”.
Un cambio bajo la lupa
La preocupación de la Asociación radica en la arquitectura institucional que la reforma consolida, la cual puede desmantelar los mecanismos de participación privada. Puntualizan que al concentrar facultades en el Ejecutivo y debilitar los contrapesos técnicos y ciudadanos, se corre el riesgo inminente de politizar decisiones que deberían ser eminentemente hidrológicas y de ingeniería, como la determinación de la disponibilidad media anual de las cuencas o el otorgamiento de permisos de descarga.
“Este nuevo escenario burocrático es especialmente preocupante para el desarrollo de fuentes no convencionales de agua, como la desalación y el reúso, tecnologías que ALADYR promueve como soluciones indispensables y probadas ante la crisis hídrica que azota al norte y centro del país” dijeron.
La nueva ley estipula que incluso la captación de agua pluvial y la desalación de aguas marinas, actividades que antes gozaban de mayor libertad o vacíos legales permisivos que fomentaban la innovación, ahora estarán sujetas a rigurosos procesos de concesión que podrían tardar años en resolverse. Olivares señaló con preocupación que para el reúso, la desalación y todas las aguas, ahora incluyendo las que no se apreciaban como materia de aguas nacionales como es el caso de la lluvia, tendrán que pasar por un proceso de autorización por parte de la autoridad lo que convierte soluciones sostenibles en laberintos administrativos.
“La industria depende de regulaciones claras y modernas para diseñar plantas de tratamiento y desaladoras que sean financiera y ambientalmente viables” agregó Olivares. Sin embargo -continuó- la actual norma de desalación fue elaborada en su totalidad por la SEMARNAT y se suspendió la discusión con usuarios hace una década, lo que resulta en instrumentos que no están dando la amplitud y la gama de posibilidades que puedan representar soluciones para la crisis hídrica en México, obligando a los desarrolladores a navegar a ciegas.
La Asociación enfatiza que países vecinos en Latinoamérica, como Chile, avanzan hacia marcos regulatorios modernos que incentivan la desalación y el reúso con claridad jurídica y certeza para los inversores, acciones claves para garantizar la eficiencia hídrica y acceso al agua; considerando que México debe observar este tipo de modelos que ya cuentan con éxito para esclarecer el propio. Olivares resaltó que el agua requiere pragmatismo y tecnología.
El desafío inmediato será la redacción de los reglamentos secundarios, los cuales deberán estar listos en un plazo perentorio de ciento ochenta días, un tiempo que se antoja corto para subsanar las deficiencias de la ley. ALADYR buscará incidir activamente en esta etapa para mitigar los riesgos detectados, proponiendo que se defina con claridad la "responsabilidad hídrica" y se faciliten los permisos para aquellos proyectos que demuestren eficiencia y sostenibilidad, como el reúso de agua tratada que libera volúmenes de primer uso para las ciudades.
Para concluir su análisis sobre el impacto a largo plazo de estas reformas y el legado que dejarán a las futuras generaciones, Roberto Olivares sentenció que reconstruir la confianza y la capacidad técnica que se pueda perder con este marco será mucho más difícil que haberlas mantenido.
Propuestas de mejoras
ALADYR presentó una hoja de ruta para la reglamentación secundaria y la certeza técnica:
1. Reúso Industrial
- El Reto: El Art. 45 de la LAN protege derechos de terceros aguas abajo, bloqueando a menudo proyectos de economía circular.
- La Propuesta: Establecer que el "reúso en circuito cerrado" o "descarga cero" tiene prioridad, incentivando la liberación de agua de primer uso sin penalizaciones administrativas.
- Viabilidad: Totalmente viable vía Reglamento, aclarando los criterios de afectación a terceros.
2. Norma técnica de salmuera
- El Reto: La excepción del Art. 29 BIS 4 de la LAN es positiva por establecer diferencias entre la salmuera y la descarga de aguas residuales permitiendo la dilución de la primera, pero faltan los parámetros técnicos.
- La Propuesta: Impulsar una NOM de emergencia que defina los límites de dispersión con difusores, otorgando seguridad operativa inmediata a las desaladoras.
- Viabilidad: Viable vía lineamiento técnico (NOM), sin necesidad de reformar la ley.
3. Asociaciones Público-Privadas
- El Reto: Los municipios están obligados a tratar el agua, pero están desfinanciados y no pueden hacer cortes al servicio domiciliario, lo que atenta a la sostenibilidad económica.
- La Propuesta: Crear mecanismos de garantía soberana o fideicomisos para las operadoras de plantas de tratamiento y desalación, asegurando la recuperación de inversión frente a la prohibición de cortes totales del servicio (Art. 9 LGA).
- Viabilidad: Compleja pero viable vía Reglas de Operación de programas federales de financiamiento, aunque podría requerir ajustes a leyes financieras locales.
4. Responsabilidad hídrica
- El Reto: La Responsabilidad Hídrica es un requisito nuevo pero ambiguo.
- La Propuesta: Traducir este concepto en "créditos de agua" o agilidad en trámites para quienes demuestren eficiencia y reúso mediante tecnología certificada.
- Viabilidad: Viable vía Reglamento, definiendo los incentivos administrativos asociados a este nuevo concepto.
