La planta ubicada en Caldera y construida con dineros 100% estatales para asegurar el consumo humano de más de 210 mil personas comenzó a funcionar en diciembre del año pasado y alimentará a las comunas anteriormente mencionadas. La estructura tuvo una inversión cercana a los US$ 100 millones y asegurará el agua potable por los próximos 40 años, tras una década de crisis del recurso hídrico.
Lina Campos, presidenta de la Junta de Vecinos Unión La Calera de Tierra Amarilla, reconoce que a pesar de las habituales recomendaciones de no tomar agua de la llave, ella siempre lo ha hecho y en los últimos meses «no he notado ningún cambio en su calidad».
«No me va a creer, pero yo tomo agua de la llave, porque encuentro el agua de bidón muy suave. A pesar de que la gente dice que produce cálculos renales, yo tomo agua de la llave y no he notado ningún cambio hasta ahora», comentó la vecina.
En tanto, en Caldera, el hotelero Pablo Herrera afirmó que se ha notado un cambio en cuanto a la continuidad del suministro y no en cuanto a la calidad. «En realidad, no notamos mucha diferencia», dijo.
Por su parte, el exconcejal del puerto Emilio Bianchi afirmó que «el agua se ha vuelto más insípida, como sabor a plástico, o como agua mineral cuando se le va el gas. Pero es mejor a la anterior, que tenía derechamente un mal sabor».
Karina Galleguillos, miembro de la Junta de Vecinos Manuel Orella de Caldera, aseguró molesta que sus cuentas de agua han subido en $16 mil y que «seguimos comprando bidones de agua, porque la calidad del agua es igual de mala».
A pesar de lo anterior, el gerente regional de Nueva Atacama, Sergio Fuentes, expresó que «la incorporación de esta nueva planta desaladora junto con un programa de inversiones en infraestructura, de gestión operacional, de reducción de pérdidas, las que han disminuido en más de un 15% en los últimos 3 años, han significado un aumento en la satisfacción de los clientes respecto del servicio».
En cuanto al aumento en los valores de las boletas, el directivo explicó que «en este modelo de inversión hay un esfuerzo compartido, que va en beneficio directo de la comunidad, ya que el financiamiento de la obra fue realizado enteramente por el Estado, y los costos de operación deberán ser asumidos por los beneficiarios del proyecto».ç
No obstante, agregó que, respecto de esto último, «se firmó un acuerdo con Econssa para que esta entidad estatal aborde la gran mayoría de los costos operacionales directos, relativos a insumos como energía, personal y mantenimiento». Detalló que, de esta manera, de un 15% de incremento tarifario que implicaría esta nueva instalación, «el Estado financiará una parte y los clientes, un 5%, aproximadamente, como se comunicó oportunamente a los beneficiarios». Fuentes recalcó que la sanitaria «no recibirá ningún beneficio o utilidad económica por la operación de la planta desaladora».
Para el diputado Juan Santana (PS), uno de los principales opositores de los cobros, «no me parece razonable que los gastos operacionales de esta planta sean endosados a las personas, sobre todo habiendo un privado que es quien administra la misma planta. La comunidad no puede hacerse cargo de financiar lo que muchos entendemos como un derecho humano».
A su vez, la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, sentenció que «no estamos de acuerdo con que nuestros habitantes deban absorber el impacto económico en sus cuentas de agua, lo que es producto de una crisis provocada por la mala gestión del Estado de Chile».
Fuente: El Mercurio
