Greenpeace ante anuncio del Gobierno: “Ley permite al presidente cerrar termoeléctricas sin pedir permiso a empresas”

“Si no hay un anuncio de adelanto al plan de descarbonización antes que comience la COP25 la posición del presidente va a resultar muy incómoda. Está claro que un anuncio de este tipo sería una válvula de escape que lo ayudará a posicionarse”, dijo Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace. 

Como un paso decisivo para terminar lo antes posible con las zonas de sacrificio calificó Greenpeace la idea que trabaja el Gobierno en el sentido de adelantar los plazos del plan de descarbonización, el cual de manera original proyecta el fin de las termoeléctricas al 2040.

 

“Estamos expectantes, ya que esta medida efectivamente podría ubicar al Presidente de la República en el liderazgo que ha querido construir en materia de ambición climática. Hay que considerar que en esta búsqueda de verdadera ambición hemos visto propuestas como las de Italia, Grecia o Hungría (al 2025, 2028 y 2030 respectivamente), que con sus respectivas debilidades han decidido ser especialmente ambiciosos y poner fin al carbón antes que Chile. Esperamos que, con las condiciones de desarrollo de energías renovables que actualmente tiene nuestro país, sigamos estos ejemplos internacionales y marquemos un sendero de verdadero liderazgo”, dijo Estefanía González, coordinadora del área de campañas de Greenpeace

Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace

Sin embargo, la ONG medioambiental advierte que desde el 2008 al 2018 la energía producida a carbón aumentó en Chile un 10% y que, al momento de inaugurarse la COP25, Chile estará quemando cifras récord de carbón, lo cual hace muy complicada la posición de ambición climática que ha pretendido proyectar el presidente Piñera en el último tiempo. 

​​​​​​​“No hay que confundirse y hay que ser claros con la ciudadanía: la ley permite al presidente Piñera cerrar ahora las termoeléctricas y no tiene que pedir permiso a las empresas.

Ahora, que no lo haga ya es una decisión política que significa favorecer a las compañías y no a los ciudadanos que han visto vulnerados por años sus derechos a la salud y la vida. El proceso de cierre, con las inversiones correspondientes, es perfectamente posible adelantarlo para el 2030”, señaló Estefanía González.