La industria minera es uno de los principales motores de la economía en Chile. De ahí que los gobiernos han ido implementando políticas y regulaciones para incentivar la inversión y disminuir sus efectos en el entorno. Aun cuando gran parte de las empresas mineras cumplen (y muchas veces sobre cumplen) con las regulaciones existentes y operan bajo altos estándares internacionales, pareciera que los esfuerzos desplegados por éstas no son suficientes para evitar conflictos socioambientales y mejorar la percepción que tiene la ciudadanía respecto de este importante sector productivo.
Este es un tema prioritario y de permanente preocupación para el Ministerio de Minería.
Sabemos que los desafíos de hoy están relacionados al consumo eficiente del agua y energía, la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes locales y -sobre todo- a las relaciones con las comunidades que se encuentran en zonas cercanas a los proyectos.
En este sentido, es importante para las compañías mineras entender el territorio donde se encuentran las faenas: conocer las comunidades que viven en sus alrededores, cuál es su cosmovisión, de qué forma se organizan, en qué trabajan, entre otros.
Así, no solo podrán entender el contexto social en el que se insertan, sino que también sumarse como un vecino más de la zona que busque generar mejores relaciones y un mejor bienestar -justamente- a través del desarrollo integral y sostenible del territorio, generando así valor compartido.
Asimismo, según el último estudio del Programa Expande del año 2019, hay alrededor de 3.200 proveedores mineros con una facturación total de 17 mil millones de dólares al año aproximadamente, quienes emplean (entre contratación directa e indirecta) a cerca de 700.000 personas, según datos de Aprimin. Por esto, la minería no sólo debe hacerse cargo de identificar los riesgos de su propia operación, sino también de los de sus empresas proveedores y cadena de suministro, a fin de tener una minería sostenible en toda su trazabilidad.
Un ejemplo claro de ello es lo realizado a través de la Bolsa de Metales de Londres (LME), que introdujo requisitos de abastecimiento responsable (responsable sourcing) que buscan combatir el trabajo infantil, la corrupción y el lavado de dinero, para lo cual hizo un llamado a los productores que operan en zonas de conflicto y alto riesgo a fin de que demuestren que sus productos son de origen responsable. La iniciativa surge como respuesta a la presión de diversas entidades por saber exactamente la trazabilidad de los metales que son intercambiados en LME, especialmente después de que en 2017 Amnistía Internacional denunciara la existencia de trabajo infantil y abusos de derechos humanos en minas de cobalto en la República Democrática del Congo.
Si bien Chile está lejos de esa realidad, como ministerio tenemos un interés genuino por mejorar nuestros estándares, por lo que, en el marco de la Política Nacional Minera 2050, realizamos un conversatorio con la industria sobre la importancia de la debida diligencia para una conducta empresarial responsable y anunciamos la elaboración de una guía de buenas prácticas para las empresas mineras. Este gran desafío lo seguiremos trabajando en la PNM 2050, política de largo plazo que apunta a un desarrollo cada vez más sostenible de la industria, con una minería que se caracterice por aprovechar y gestionar los recursos sin comprometerlos para las generaciones futuras y que genere un bienestar para todos los ciudadanos. Solo así, podremos asegurar el futuro de la industria y que Chile sea considerado como ejemplo mundial de sostenibilidad minera.
