1. La propuesta del Ejecutivo altera significativamente el esquema de remuneración de los PMGD quitando, mediante un mecanismo arbitrario, ingresos a proyectos con inversiones ya realizadas. Si bien las asociaciones firmantes valoran las discusiones tenidas en el marco de la mesa técnica, es importante destacar que esta medida en particular podría tener consecuencias graves para la economía del país.
2. Entendemos y compartimos la preocupación por el alza de las tarifas eléctricas y la necesidad de encontrar soluciones que beneficien a los consumidores. Sin embargo, en un sistema tan complejo como el eléctrico, las intervenciones artificiales pueden generar más problemas que soluciones. Es crucial buscar alternativas que no comprometan la estabilidad del mercado, la competitividad del país, la confianza de los inversionistas y financistas, y finalmente, lo más importante, el precio de la energía en el largo plazo, ya que, si bien el subsidio es un alivio en el corto plazo, el mayor riesgo país traerá consigo un inevitable aumento del precio de la energía.
3. El aumento de las tarifas eléctricas es el resultado de una medida coyuntural de congelamiento de tarifas impulsada por el Estado, por lo que su solución no debe basarse en la reasignación de recursos entre los agentes del sector eléctrico, sino que focalizar y financiar el subsidio a las familias más vulnerables con los recursos que el Estado dispone.
4. El sector energía, el segundo en atraer inversiones extranjeras en el país, requiere inversiones y financiamiento en activos intensivos en el uso de capital y de larga vida útil. Por lo anterior, la estabilidad y la predictibilidad del marco regulatorio son fundamentales para materializar dichas inversiones. Alterar nuevamente, y en un plazo tan corto, el esquema de remuneración de los PMGD, que ha permitido inversiones significativas en beneficio del país en puestos de trabajo, mejorando la calidad de servicio en su entorno y facilitando la transición energética, enviará una señal negativa a los inversionistas y financistas nacionales e internacionales, cuyo rol es imprescindible para entregar energía más limpia y barata a las familias de Chile.
5. La intervención artificial en los precios de los contratos de suministro eléctrico adjudicados en licitaciones públicas ha generado incertidumbre y desconfianza entre quienes financian el desarrollo de proyectos energéticos en Chile, ya que afecta significativamente la gran característica distintiva que diferencia a Chile, la estabilidad jurídica y regulatoria. Esta nueva medida agravará la percepción de riesgo regulatorio, alejando o encareciendo futuras inversiones y financiamiento en el sector energético, con el consecuente aumento del precio de la energía. Una intervención discrecional de precios por parte del Estado sienta un grave precedente distorsionando el mercado, generando graves consecuencias, tal como las que originaron los mecanismos de estabilización anteriores.
6. La medida será el golpe de gracia para muchos desarrolladores de proyectos de generación distribuida, a sus bancos financistas, a la industria asociada y más importante aún, para las familias cuyas fuentes laborales dependen de ellos.
7. Tanto en condiciones normales, como durante la pandemia, la industria de energías renovables ha sido un motor de crecimiento y desarrollo sostenible en Chile. Medidas como esta sin duda frenarán el avance hacia una matriz energética más limpia, diversificada y sobre todo, transformarse en una barrera para el desarrollo de generación económica y competitiva cercana a los centros de consumo.
ACERA A.G., ACESOL A.G. y GPM A.G., hacen un llamado al Gobierno a reconsiderar esta propuesta y a buscar soluciones que no impliquen intervenciones artificiales en el mercado. Es fundamental mantener un marco regulatorio estable y predecible que fomente la inversión y el desarrollo sostenible del sector energético en Chile.
Instamos a las autoridades a ampliar el espectro de soluciones viables que no pongan en riesgo la estabilidad de la industria de energías renovables y como consecuencia, buscar preservar la creciente competitividad en el sector para beneficio de las familias chilenas.
