Constanza Pantaleón, gerenta general de Acción Empresas, expresó que este año ha concluido la primera etapa de implementación de los cinco criterios “y los resultados han sido tremendamente reveladores. No todas las empresas subieron su puntaje año a año ni mejoraron en todos los criterios, pero —y esto es lo más importante— todas avanzaron y eso habla del impacto real de la sostenibilidad empresarial y las capacidades de medición de esta herramienta”.
Asimismo, agregó que “parte de esta dinámica tiene que ver con la propia metodología. Los estándares y la matriz de evaluación se han vuelto cada año más exigentes, lo que implica un esfuerzo permanente y constante para sostener y profundizar los avances”.
Uno de los criterios con mayor desarrollo fue carbono neutralidad. Más de dos tercios de las empresas evaluadas —32 de 47— declararon sus compromisos en esta materia alineados con el Acuerdo de París, y 25 de ellas cuentan con metas validadas bajo el enfoque científico promovido por SBTi. No obstante, un 20% aún no reporta ningún objetivo de reducción de emisiones, lo que revela una tarea pendiente, especialmente en sectores como el minero o cementero, donde la adopción de estándares internacionales sigue siendo limitada.
En naturaleza y biodiversidad, se evidenció una evolución moderada. En 2023, solo tres empresas habían diagnosticado sus impactos sobre los ecosistemas. Hoy, ese número aumentó a once, y todas cuentan con metas medibles. Sin embargo, estas no se basan aún en marcos científicos como los que propone Science Based Targets for Nature (SBTN), y una gran mayoría de compañías establece metas sin un diagnóstico previo que justifique los impactos. El enfoque “Nature Positive” continúa siendo una meta lejana.
El tratamiento de los derechos humanos muestra señales más consolidadas. El 79% de las empresas cuenta con políticas formales en la materia, y el 58% ha implementado procesos robustos de debida diligencia, lo que marca un cambio desde un enfoque meramente ético hacia uno operativo. Asimismo, casi la totalidad de las empresas (96%) dispone de mecanismos de reclamación, como líneas éticas y canales de denuncia, aunque en muchos casos aún falta claridad sobre los procesos de remediación.
En cuanto a diversidad e inclusión, si bien el 85% de las compañías ha establecido políticas, solo el 66% posee metas medibles. De ellas, menos de la mitad cuenta con más de una meta clara. El foco principal sigue siendo el aumento de la participación femenina en la fuerza laboral y en cargos de liderazgo. La brecha se acentúa en la falta de estrategias más amplias y metas vinculadas a otros ejes de diversidad.
Finalmente, en transparencia y reportabilidad, un 72% de las empresas identifica impactos materiales, lo que sugiere que la materialidad se está consolidando como estándar de gestión. Un escalón más arriba se encuentran los riesgos y oportunidades ASG, donde el número de empresas que los reportan llega a 30, y menos de la mitad entrega información sobre cómo estos podrían afectar financieramente a la organización. Apenas once compañías integran este enfoque de manera transversal en sus estrategias, revelando una desconexión entre sostenibilidad y planificación financiera.
Pese a los avances, el objetivo de que todas las empresas logren alcanzar los niveles más altos de adherencia en cada uno de los cinco criterios sigue lejano: solo ocho lo han alcanzado, y solo dos de ellas son chilenas. El desafío para los próximos años será transformar los compromisos en acción medible y con respaldo técnico, permitiendo que la sostenibilidad se consolide no como una declaración, sino como parte del corazón del negocio.
