Por ello, una opción que baraja el Ejecutivo, en particular el Ministerio de Obras Públicas (MOP), para hacer frente al proyecto de ley, es proponer —a través de una indicación— que se acote la facultad de la autoridad de disponer de las aguas de una desaladora al 5% de la producción y bajo ciertas condiciones. Esa sería una forma de precisar los costos adicionales que conllevaría el desarrollo de una iniciativa de ese tipo.
El proyecto (Boletín N° 11.608-09, Sobre el uso de agua de mar para desalinización) que inquieta al Gobierno ingresó al Senado en enero de 2018, está en primer trámite constitucional y lo impulsan Isabel Allende, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Adriana Muñoz y Jorge Pizarro. Esto ha sido analizado en la comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
Consultado sobre el tema, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, comenta que “la ley que está en discusión busca declarar el agua desalada como bien nacional de uso público, lo que facultaría una posible intervención del Estado en su distribución futura. Esto implicaría que la distribución del agua que resulte de la inversión que se haga en plantas desaladoras estaría sujeta al arbitrio de la autoridad”.
Agrega que “si queremos que exista inversión en plantas desaladoras para incorporar nueva agua al sistema y por decantación natural a los acuíferos, entonces no parece apropiado introducir riesgos que desincentiven las inversiones necesarias para afrontar el cambio climático y la sequía. Quizás una alternativa sería restringir la posible arbitrariedad en la distribución futura del agua desalada a un porcentaje de la producción total, por ejemplo, un 5%, dando así mayor certeza a los objetivos que gatillaron la inversión original. Al menos con esa claridad estarían determinados los costos reales del proyecto”.
Palacios señala que “otros elementos que se incluyen en la ley tienen que ver con fines ecológicos y prioridad para el consumo humano, sin detallar la forma de materializar dichas exigencias, lo cual nuevamente introduce costos y riesgos indeterminados para el desarrollo de estos proyectos (desaladoras), ya que tales objetivos pueden ser muy variables en el tiempo y territorio”.
Otro proyecto de ley en la misma línea es uno que ingresó al Senado el 2 de octubre pasado, cuyos autores son los senadores Alfonso de Urresti, Guido Girardi, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza y Adriana Muñoz. Esta iniciativa señala que “las aguas en cualquiera de sus estados, incluidas las aguas desaladas y glaciares, son bienes nacionales de uso público”. Sobre el Boletín N° 11.608-09, aún no está definido si el Estado pagaría por el 5% que pedirá reservar para uso público, si será una exigencia “a todo evento” o ante la declaración de escasez futura de agua dulce. El Ejecutivo prevé conversar estos temas con los parlamentarios. Desde el sector minero han cuestionado el proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalación.
Respecto del tema, el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras Públicas (Copsa), Leonardo Daneri, comenta que si se declara que el agua desalada es un bien nacional de uso público, nadie la producirá. “El desalar agua tiene un costo, que ha bajado mucho, pero está del orden de 0,6 a 0,8 mucho, pero está del orden de 0,6 a 0,8 dólares por metro cúbico, y alguien tiene que pagarlo”. Hace unos días, “El Mercurio” publicó que hoy en Chile se producen 5.570 litros de agua por segundo a partir de agua de mar y que en los próximos cinco años, esa cifra crecerá en 160%. Según un catastro del MOP, en todo el país operan 24 plantas desaladoras y sistemas de impulsión de agua de mar, y hay otros 22 proyectos en diferentes etapas de desarrollo.
Fuente: Emol.com
