Tras más de 16 años de desarrollo legislativo en fiscalización y evaluación ambiental, y a 14 años de la creación de los Tribunales Ambientales, resulta legítimo preguntarse si esta evolución normativa se ha traducido efectivamente en un avance sustantivo hacia la sostenibilidad ambiental del país. El debate continúa centrado en cómo equilibrar adecuadamente la protección del medio ambiente, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico.
“Resulta legítimo preguntarse si esta evolución normativa se ha
traducido efectivamente en un avance sustantivo hacia la
sostenibilidad ambiental del país”
En este contexto surge el concepto de “permisología”, utilizado para describir el enlentecimiento de los procesos administrativos y judiciales de revisión y evaluación ambiental, así como los extensos plazos que enfrentan los proyectos de inversión, especialmente aquellos que han sido judicializados. Frente a ello, cabe preguntarse si este fenómeno responde principalmente a la actuación de los Tribunales Ambientales o, más bien, a una política de Estado que solo recientemente ha comenzado a regular de manera más precisa las potestades administrativas de los órganos intermedios, sin evaluar adecuadamente los riesgos asociados.
“Cabe preguntarse si este fenómeno (permisología) responde
principalmente a la actuación de los Tribunales Ambientales o,
más bien, a una política de Estado”
Desde el principio de responsabilidad, el Estado chileno se ha mandatado legalmente a la protección ambiental por más de tres décadas, consolidando una política nacional liderada por el Ministerio del Medio Ambiente y sustentada en diversos instrumentos de gestión. Estos permiten enfrentar los impactos ambientales en sus distintas dimensiones, otorgando al país un sistema de control riguroso para el ingreso y continuidad de proyectos de inversión, tanto en sede administrativa como contenciosa. Sin embargo, las recientes modificaciones refuerzan la necesidad de cautelar el riesgo asociado a nuevas potestades administrativas, especialmente en su impacto sobre los territorios involucrados.
La ley marco de autorizaciones judiciales busca llenar vacíos legales y generar condiciones más expeditas para la inversión. No obstante, su eficacia dependerá de un reglamento que establezca claramente las condiciones mínimas para el ejercicio efectivo del derecho a la información y participación de las comunidades afectadas. La mera celeridad procedimental no resuelve el problema de fondo, ni este puede atribuirse exclusivamente a la judicatura especializada.
Ninguna modificación legal adquiere pleno sentido sin un contenido social que la sustente. No basta con un certificado de autorización para asegurar la viabilidad de un proyecto en el tiempo si no existe un acuerdo previo y formalizado de la ciudadanía. Solo un ejercicio permanente y transversal de la participación ciudadana —independiente de si se trata de una Declaración de Impacto Ambiental o un Estudio de Impacto Ambiental— permitirá distribuir equitativamente los riesgos entre el sector privado y la comunidad, y avanzar hacia un crecimiento económico sostenible en condiciones de igualdad.
