“El liderazgo no se ejerce con anuncios, sino con coherencia. La confianza es el mayor incentivo que puede ofrecer un país, y no se construye con letra chica”, en opinión de Luciano Cruz Morandé, abogado socio de Arteaga Gorziglia, ante el anuncio del cobro del 1% anticipado a la industria del hidrogeno verde.
El Gobierno ingresó al Congreso el Proyecto de Ley de Fomento a la Industria del Hidrógeno Verde, con el objetivo de posicionar a Chile como líder global en energías limpias. La iniciativa contempla un crédito tributario transitorio por hasta US$2.800 millones para quienes compren hidrógeno verde o derivados a productores locales, asignado mediante concursos anuales entre 2025 y 2030. Además, establece un marco tributario especial para Magallanes y la Antártica Chilena. Todo apunta a reducir brechas de costo y acelerar decisiones de inversión.
Sin embargo, en el mismo texto se incorporó una contribución regional equivalente al 1% de la inversión en activos fijos, exigible apenas se obtiene la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Esto significa que el pago se realiza antes de la decisión final de inversión (FID) y mucho antes de producir una sola molécula. En la práctica, el incentivo llega acompañado de una factura anticipada que eleva el riesgo en la etapa más crítica del ciclo de desarrollo.
Luciano Cruz Morandé, abogado socio de Arteaga Gorziglia
El problema no es la contribución en sí —que busca beneficiar a las regiones—, sino el momento en que se cobra. En proyectos intensivos en capital, la fase pre-FID concentra la mayor incertidumbre: permisos, cierre financiero, contratos de suministro y costos de capital. Introducir un cobro en esa etapa puede desincentivar la inversión o encarecer el financiamiento, justo cuando el Estado dice querer reducir riesgos con el crédito tributario.
Otros países compiten por las mismas inversiones con esquemas simples y estables: subsidios a la producción, rebajas de CAPEX, garantías de offtake y marcos regulatorios predecibles. Si Chile quiere diferenciarse por certeza, combinar incentivos con impuestos anticipados es, como mínimo, un error de diseño.
Existen alternativas más virtuosas: vincular aportes regionales a hitos verificables (inicio de construcción, producción comercial), escalarlos a volúmenes reales de hidrógeno o canalizarlos mediante mecanismos que alineen ingresos públicos con resultados privados. Así, se asegura valor para el territorio sin castigar el inicio.
Chile tiene ventajas únicas para el hidrógeno verde: recursos eólicos y solares de clase mundial, puertos con vocación exportadora y experiencia industrial. Pero el liderazgo no se ejerce con anuncios, sino con coherencia. La confianza es el mayor incentivo que puede ofrecer un país, y no se construye con letra chica.
Si el objetivo es atraer inversión y acelerar la transición energética, la señal debe ser clara: menos complejidad, más estabilidad y reglas consistentes. De lo contrario, el riesgo es que la promesa del hidrógeno verde se quede en el papel, mientras otros países capturan las oportunidades que Chile dice querer liderar.
