Felipe Ossio y Juan Molina de la Escuela de Construcción Civil; Homero Larraín de la Escuela de Ingeniería y Cristián Schmidt de la Escuela de Arquitectura, fueron los responsables de abordar la problemática de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), desde un enfoque interdisciplinario, considerando sus impactos ambientales, sociales y económicos.
“Nos dimos cuenta que la alta generación de RCD y su inadecuada disposición final es un problema multifactorial, que involucra a todos los actores en el ciclo de vida del proyecto y al cuadro normativo, regulatorio y legal respectivo. Sin embargo, este último se encuentra atomizado y fragmentado, lo que puede apreciarse en la cantidad de instrumentos asociados a diferentes actores”, explica Felipe Ossio.
De hecho, para el caso específico de los RCD existen más de 20 tipos de normativas dependientes de diferentes organismos públicos. Según el estudio, lo anterior dificultaría su conocimiento y aplicación, dejando al Estado una capacidad limitada de fiscalización en materias sanitarias y ambientales, algo que agudiza el problema. En efecto, el 60% de las empresas constructoras en Chile declara no conocer leyes, reglamentos, normativas ni manuales sobre gestión de residuos.
El equipo interdisciplinario de la UC se propuso contribuir proponiendo una política pública que lleve a las municipalidades a ser un agente de cambio y aportar al cumplimiento reglamentario ante las instituciones de nivel regional y nacional. Al mismo tiempo, su trabajo apuntó a elevar los estándares ambientales y permitir así una construcción centrada en el medio ambiente que responda a los desafíos que hoy exige la humanidad.
Disparidad normativa
El estudio reveló que los municipios en Chile presentan un dispar nivel de exigencias en materia de gestión de RCD, desde la nula consideración hasta una serie de normativas no necesariamente bien enfocadas. “Pero, principalmente, pudimos identificar comunas generadoras y receptoras de RCD. Las primeras se caracterizan por generar una alta proporción de los residuos a nivel de su región y no poseen sitios de disposición legal de residuos. Por su parte, las receptoras no producen una gran proporción de RCD a nivel regional y, en general, son comunas que poseen sitios de disposición final legal en su jurisdicción y/o deben hacer frente a sitios de disposición ilegal como micro basurales o vertederos ilegales”, detalla Ossio.
Luego de que el estudio reconociera dos tipos de comunas: generadoras y receptoras de RCD, los investigadores establecieron recomendaciones de acción que, si bien son vinculadas a un tipo de comuna, no son excluyentes para las otras. Asimismo, hicieron sugerencias generales que toda comuna, independiente de si es generadora o receptora de RCD, debería adoptar. “Estas 15 propuestas tienen por objetivo avanzar en la minimización de la generación de RCD y la disminución de sus impactos socioambientales, basados en los principios de la justicia ambiental (Hervé, 2010) y siguiendo la jerarquía de manejo de los residuos”, acota el profesor de la Escuela de Construcción Civil de la UC.
De este modo, las propuestas para las comunas generadoras se asociarán a los primeros eslabones de esta jerarquía, es decir, se centrarán en reducir la generación de RCD en origen y fomentar la valorización de los RCD mediante su reutilización, recuperación o aprovechamiento para otras aplicaciones. Mientras que las propuestas asociadas a las comunas receptoras buscarán asegurar el correcto destino de los residuos no valorizados que son llevados a un botadero.
Y es que, según la investigación, las municipalidades son actores clave dentro de la cadena de instituciones encargadas, tanto en la definición de reglas para la adecuada disposición de RCD como en la supervisión de su cumplimiento en el territorio comunal.
El estudio puede ser descargado desde AQUÍ.
