En junio de 2018, todos los medios cubrieron el caso del “Colegio Iglú”; un colegio ubicado en San Pedro de la Paz, región del Bíobío, porque los alumnos y apoderados del establecimiento, reclamaron públicamente por las bajas temperaturas en invierno en las salas de clases. Al parecer, la solución fue instalar estufas en las salas, lo que no resuelve el problema de fondo.
El “Colegio Iglú” es simplemente la constatación y visibilización de un problema más profundo de nuestra infraestructura escolar. De hecho, un catastro del año 2013 del Ministerio de Educación declaraba que, en Chile, un alto porcentaje de establecimientos educacionales públicos está por debajo de los estándares adecuados y que, además, estos presentan una amplia brecha para alcanzar dichos estándares.
Hoy, se estima que entre 2.000 y 4.000 establecimientos educacionales están en la condición antes descrita. Esto se traduce en que, durante el invierno, los niños y niñas están en clases con temperaturas bajo los 17ºC, con niveles de CO2 varias veces superior al máximo recomendado de 1.000ppm y además, con altos niveles de humedad y ruido.
Cuando hablamos de mejorar la educación pública y reducir las brechas con la educación privada, no sólo debemos reducir la brecha en la formación y oportunidades de origen de los alumnos, o en la calidad de la educación entregada, sino también en entregar las condiciones adecuadas para que los alumnos puedan aprender, lo que ciertamente se dificulta cuando están respirando un aire más contaminado, cuando pasan frío en las clases, o cuando tienen permanentemente altos niveles de ruido ambiente.
Es por esto que, desde el año 2018, la Agencia de Sostenibilidad Energética junto a los ministerios de Energía y Educación, iniciaron un programa de rehabilitación de infraestructura escolar. A la fecha, hay dos escuelas terminadas, 50 en proceso y 270 con sus estudios de ingeniería listos.
A partir de la experiencia de estas intervenciones, podemos estimar que, con alrededor de $300 millones por escuela, podemos recuperar una infraestructura de varios miles de millones de pesos, muy deteriorada, a través del revestimiento de los muros; incorporando termo paneles; mejorando los sistemas de climatización y ventilación; cambiando la iluminación e; incorporando energías renovables.
Invertir en mejorar la infraestructura pública no sólo mejorará la calidad de vida y el aprendizaje de cientos de miles de niños y niñas, sino que además contribuirá a la lucha contra el cambio climático –al reducir el consumo de energía, utilizar energéticos más limpios e incorporar energías renovables - y ayudará en la reactivación económica del país.
En este sentido, un plan que mejore la totalidad de las escuelas susceptibles de ser intervenidas, en los próximos años, puede ser un elemento clave de la reactivación del sector construcción, con inversiones totales que podrían llegar a los US$1.500 millones; generando miles de nuevos empleos en el sector, además de potenciar el desarrollo de un nuevo mercado de rehabilitación de infraestructura existente, que pueda posteriormente ofrecerse en forma más competitiva y eficiente en viviendas –dos tercios de las cuales fueron construidas sin estándares térmicos-, edificaciones comerciales u otras infraestructuras públicas.
Si bien la pandemia y la situación política no nos permiten ver con claridad los impactos que está tendiendo y tendrá el cambio climático en nuestras vidas, sin duda es nuestro mayor desafío como civilización, y debemos prepararnos de distintas formas. Una de ellas es actualizar y preparar nuestra infraestructura existente para que sea más resiliente, eficiente e inteligente y, un gran comienzo, puede ser terminando con los “Colegios Iglú” en nuestro país.
