“Dicho de forma más simple, creemos que los nuevos objetivos que se ha planteado Chile van a ser claramente oportunidades de negocio desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros y nosotros vamos a tratar de ser muy claros respecto a cuáles son esas áreas en las que esto puede rendir frutos”, declaró Grau.
“La inversión extranjera va a seguir teniendo un rol muy relevante, y probablemente más relevante que antes, porque, como comentaba al principio, la transición hacia una economía verde requiere, por sobre todas las cosas, movilizar recursos con mucha rapidez. La inversión extranjera es un excelente motor para moverse en esa dirección”, añadió.
Chile ya está transitando por una carretera verde, lo que Grau reconoce. El gobierno anterior puso en tabla un proyecto de ley de cambio climático, trabajó en planes de largo plazo para la descarbonización de la economía e ideó una estrategia de hidrógeno verde. Con un creciente parque de plantas de energía renovable, Chile se propone lograr cero emisiones netas de carbono para 2050.
“Lo que falta complementar es tener una estrategia económica común, asimilada por los distintos actores, tanto internos como externos, que nos permita movernos en esa dirección”, manifestó Grau. “Ya están bien establecidos los objetivos”, agregó, además de recalcar la necesidad de desarrollar varios instrumentos, en particular instrumentos financieros.
La inversión extranjera directa aumentó 72% en términos interanuales entre enero y noviembre de 2021 a casi US$16.000 millones. Los sectores de minería, finanzas y energía concentran la mayor parte de los desembolsos, que el año pasado tuvieron a China, Estados Unidos y Canadá como principales inversionistas. Sin embargo, el país ha experimentado un repunte en la salida de capitales locales desde las protestas sociales de 2019. Desde entonces los inversionistas han estado ajustando sus carteras.
Los objetivos del Ministerio de Economía —que en Chile no está integrado al Ministerio de Hacienda— incluyen la construcción de un plan de desarrollo de largo plazo para el país, el apoyo al diálogo y la cooperación público-privados y la reducción de la incertidumbre, puntualizó Grau.
Agregó que los planes del gobierno también incluyen utilizar los espacios multilaterales para mejorar y modernizar los tratados comerciales de Chile.
El borrador de reforma tributaria, que debiera presentarse en junio, no propone aumento de impuestos para las empresas o los inversionistas extranjeros, sino que se centrará en aumentar los ingresos gravando a personas adineradas, señaló.
Tras la elección del presidente Gabriel Boric, que asumió el cargo el 11 de marzo, el riesgo político en el gobierno ha disminuido y el motivo de inquietud principal es hoy el proceso para reescribir la Constitución.
En el sector energético, el apetito de los inversionistas se ha visto estimulado por los planes para retirar las centrales eléctricas a carbón a más tardar en 2040 y reemplazar dicha capacidad con soluciones solares, eólicas y de almacenamiento en baterías.
Los gestores de proyectos hidroeléctricos también están buscando oportunidades. Esta semana, una filial de la canadiense Innergex presentó a evaluación ambiental un proyecto de pasada de US$420 millones. En la documentación del proyecto, Inversiones San Carlos menciona el compromiso de Chile de retirar algunas centrales termoeléctricas y la necesidad de soluciones que mitiguen la intermitencia de la generación eólica y eléctrica.
Los 32GW de capacidad instalada de Chile—tomando en cuenta tanto plantas en operación como plantas en fase de pruebas— se desglosa en alrededor de 42% de termoeléctricas, 37% de centrales de energías renovables no convencionales y 21% de grandes hidroeléctricas.
Fuente: BNamericas
