“Debemos poder establecer un precio en que se refleje su verdadero valor en el sistema, que actualmente, y por el diseño basado en costos de operación variables auditados, hoy es cero, lo que causa precios spot constantemente cero”, dice. Y se pregunta: “¿Podemos pensar que en un contexto de transición energética, donde queremos incentivar la inversión en energía renovable, ésta valga cero? Esa es parte de la discusión que se debe iniciar, al igual que se ha hecho en otros países con alta penetración renovable”, dice.
El segundo desafío que debemos atender es cómo gestionar los recortes o “vertimientos de generación” de las centrales ERNC que se darán en el sistema. El año 2022 el recorte de generación solar fotovoltaica y eólica fue de 1,4 TWh, equivalentes al consumo anual de electricidad de 600 mil hogares o a toda la generación eléctrica producida por centrales diésel durante el 2022, y la cifra anual más alta registrada.
“Esto es preocupante porque esa energía ‘vertida' corresponde a energía limpia y barata que no es posible de ser utilizada debido a restricciones del sistema de transmisión o inflexibilidad del parque térmico”, indica Ana Lía Rojas.
Y en tercer lugar, otro tema urgente a resolver son las diferencias de precios internodales que se están dando, cuya magnitud no era previsible, ya que están afectando fuertemente la salud financiera de la industria de la generación.
Los retos para 2023
Rojas, asegura que el 2023 será un año clave para enfrentar estos retos y asegurar el desarrollo de las ERNC de los próximos 20 años. Y menciona que hay dos elementos fundamentales a trabajar en este período.
“Por un lado, debemos iniciar el diálogo para establecer las bases de un modelo de formación de precios para alta penetración renovable, que puede asociarse a un modelo marginalista en base a precios auditados”, dice.
Agrega que también es imprescindible acordar un nuevo trato que facilite proyectos de ERNC que se deberán instalar en los próximos 20 años para el éxito de la transición energética, pero en forma armoniosa y equilibrada con el medio ambiente, el territorio y las comunidades locales.
“Sin este acuerdo político-social, toda la discusión regulatoria o de señales para la inversión será insuficiente. Debemos desarrollar un acuerdo con el territorio para entender en qué zonas del país tendremos generación y líneas de transmisión necesarias para este desafío, y en qué zonas acordaremos no hacerlas”, dice.
A nivel normativo es importante avanzar en el reglamento y norma técnica en las modificaciones necesarias para la aplicación de la Ley de Almacenamiento, de forma de reducir las incertidumbres que existen a la hora de evaluar los proyectos de almacenamiento.
Por último, señala Rojas, es urgente implementar la operación del fondo diseñado para la estabilización de tarifas eléctricas, mediante el reglamento de la Ley PEC II y la Resolución exenta de la CNE para su implementación en las empresas distribuidoras y tratamientos tributarios asociados a este fondo, entre otras materias.
Fuente: El Mercurio
