Esto es particularmente relevante considerando que el desarrollo del hidrógeno verde en Chile depende de proyectos industriales de gran escala, que requieren plazos largos de inversión y estabilidad normativa para asegurar financiamiento.
En cuanto a la visión del Gobierno de Kast, las señales que se han observado en la prensa apuntan a un enfoque que busca compatibilizar desarrollo económico, competitividad internacional y sostenibilidad territorial. Esto implica, por una parte, mantener el objetivo estratégico de posicionar a Chile como productor y exportador relevante de hidrógeno verde y sus derivados, pero al mismo tiempo fortalecer aspectos como la planificación territorial, la certeza en los permisos y el resguardo de otros activos estratégicos del país.
Desde la perspectiva del sector, la expectativa es que el nuevo gobierno avance en varios frentes clave para acelerar el desarrollo de la industria como son: simplificación y coordinación de permisos, para reducir la incertidumbre en la tramitación de proyectos, infraestructura habilitante, como puertos, redes eléctricas y sistemas logísticos que permitan escalar la producción de hidrógeno y amoníaco verde, instrumentos para estimular la demanda, tanto doméstica como de exportación y condiciones de financiamiento competitivas, que permitan atraer capital internacional.
En síntesis, la expectativa de H2 Chile frente a la nueva ministra y al gobierno de Kast es constructiva pero también pragmática. Existe consenso en que el hidrógeno verde seguirá siendo una política estratégica para el país, pero el foco ahora está en pasar de la etapa de anuncios y potencial a una fase de desarrollo industrial real, donde la clave será reducir riesgos para la inversión, fortalecer la coordinación público-privada y construir las condiciones que permitan transformar el potencial de Chile en proyectos concretos y competitivos a escala global.
-¿Cómo considera los tiempos que se están alcanzando para aprobar o rechazar la realización de proyectos en Chile, en comparación, por ejemplo, con Argentina y Uruguay?
En Chile, los tiempos de evaluación ambiental suelen ser percibidos por la industria como largos y con niveles importantes de incertidumbre, especialmente para proyectos complejos como los asociados al hidrógeno verde, que combinan generación renovable, electrólisis, infraestructura portuaria, desalación y plantas químicas. Este tipo de iniciativas requieren múltiples permisos sectoriales y evaluaciones detalladas, lo que puede extender los procesos más allá de los plazos formales del SEIA. Sin embargo, también es importante reconocer que el sistema chileno posee estándares ambientales y de participación pública relativamente robustos, lo que contribuye a dar legitimidad social y jurídica a las decisiones. El desafío, por tanto, no es debilitar esos estándares, sino reducir la incertidumbre y mejorar la coordinación institucional para que los plazos sean más predecibles.
En comparación con otros países de la región, como Uruguay o Argentina, los procesos pueden resultar más ágiles en ciertos casos, principalmente porque los proyectos suelen ser de menor escala o porque los sistemas regulatorios tienen menor fragmentación institucional. En Chile, en cambio, la magnitud de los proyectos y la complejidad de los requisitos regulatorios pueden alargar los tiempos de tramitación.
Desde la perspectiva de la industria, el punto central no es solo la duración del proceso, sino la previsibilidad de los plazos y la claridad de los criterios técnicos. Para proyectos intensivos en capital como los de hidrógeno verde —que pueden requerir inversiones de miles de millones de dólares— la certeza regulatoria es un factor clave para atraer financiamiento.
-Al respecto ¿tienen alguna propuesta para la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo?
Desde el sector del hidrógeno verde existe disposición a trabajar colaborativamente con la autoridad ambiental para mejorar la eficiencia del sistema sin comprometer los estándares de protección ambiental. En ese contexto, podrían plantearse algunas líneas de trabajo:
En primer lugar, fortalecer los procesos de planificación temprana y diálogo territorial, de manera que los proyectos puedan identificar riesgos ambientales y sociales antes de ingresar al sistema de evaluación. Esto permite mejorar la calidad de los estudios y reducir observaciones posteriores así como minimizar lo procesos de judicialización post recepción de la RCA.
En segundo lugar, avanzar hacia una mayor coordinación entre servicios públicos durante el proceso de evaluación. Muchos proyectos enfrentan observaciones de distintos organismos en momentos diferentes del proceso, lo que genera reiteraciones y retrasos. Una coordinación más temprana entre instituciones podría hacer más eficiente la evaluación.
Finalmente, también es importante avanzar en infraestructura habilitante y planificación territorial, identificando zonas con alto potencial para el desarrollo de proyectos energéticos e industriales. Esto permitiría orientar mejor las inversiones y reducir conflictos territoriales.
Desde la industria, la propuesta del sector no apunta a debilitar la institucionalidad ambiental, sino a hacerla más predecible, coordinada y eficiente, de modo que Chile pueda mantener altos estándares ambientales al mismo tiempo que facilita el desarrollo de nuevas industrias estratégicas como el hidrógeno verde.
-¿Cuáles son los principales desafíos que se han propuesto para este 2026?
El principal desafío para 2026 no es tecnológico, sino industrial y estratégico. Chile ya ha demostrado contar con las condiciones naturales y el potencial para producir hidrógeno verde a gran escala; el desafío ahora consiste en construir las condiciones económicas, regulatorias y logísticas que permitan transformar ese potencial en proyectos concretos y sostenibles en el tiempo.
Uno de los retos más relevantes es avanzar desde el potencial productivo hacia mercados reales y demanda efectiva. Actualmente, muchos proyectos dependen de la exportación futura de derivados como amoníaco verde o combustibles sintéticos, pero aún existen señales limitadas de demanda firme a largo plazo. En este contexto, resulta fundamental impulsar contratos de offtake de largo plazo, avanzar en la aprobación del proyecto de ley de incentivos tributarios como instrumento de política pública para estimular el consumo interno, y promover aplicaciones industriales donde el hidrógeno pueda generar valor inmediato, como en la minería, refinerías, producción de fertilizantes y procesos industriales de alta temperatura.
Asimismo, los proyectos de hidrógeno verde se caracterizan por su alta complejidad técnica y escala industrial, lo que implica la interacción con múltiples permisos sectoriales y procesos ambientales exigentes. En este escenario, el desafío no radica en reducir los estándares ambientales, sino en mejorar la previsibilidad de los procesos, fortalecer el diálogo temprano con las comunidades y consolidar una gobernanza regional clara, especialmente en territorios estratégicos como Magallanes y Antofagasta. La experiencia reciente demuestra que la relación con los territorios y la construcción de confianza local son tan determinantes como la viabilidad tecnológica o financiera de los proyectos.
En definitiva, Chile se encuentra transitando desde una etapa de identificación de oportunidades hacia una fase de implementación y ejecución. Si el país logra avanzar en el cierre de brechas en materia de demanda, financiamiento, infraestructura habilitante y gobernanza, estará en condiciones de consolidarse como uno de los principales polos de desarrollo de hidrógeno verde en el hemisferio sur durante la próxima década. RS
El próximo martes publicaremos la segunda parte de esta entrevista.
