Y agregó: “Estamos en un proceso bastante final”. La desaladora del Distrito Norte ha enfrentado un largo camino, que se inició en 2017, pero que se vio interrumpido abruptamente en 2019, cuando la corporación decidió cancelar la licitación que ya había sido adjudicada al consorcio MTT, formado por Marubeni, Transelec y Techint. En ese tiempo, trascendió que por problemas con esta última empresa, la minera prefirió reiniciar el concurso. La unidad originalmente debía iniciar su construcción en el primer trimestre del 2020, aunque no está descartado que uno o más integrantes de ese consorcio puedan hacerse cargo del proyecto. Paralelamente, la minera se vio obligada a profundizar la eficiencia de los procesos que requieren de agua, mientras que se impulsaron soluciones para no aumentar su consumo desde fuentes continentales que abastecen a las faenas del Distrito Norte.
De acuerdo con los plazos estipulados, se espera que una vez adjudicada la construcción de las obras, estas tengan una duración de unos 24 meses, por lo que entrarían en operación en 2024. Si bien en su momento la estatal anunció algunas optimizaciones en las obras, originalmente se consideraba un presupuesto de más de US$ 1.000 millones, según la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que data de 2018. La empresa informó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que la construcción requeriría de unos 2.700 trabajadores durante su peak.
En los planes originales se consideró que la unidad tendrá una capacidad de 840 litros por segundo (l/s), con potencial de expansión a 1.956 l/s, que incluye las obras marítimas, un sistema de impulsión de agua que recorrerá más de 160 kilómetros, con tuberías y la infraestructura eléctrica necesaria para bombear el agua a más de 3.000 metros de altura. El uso del agua es cada vez más fundamental para la industria minera. Así lo demuestran las múltiples plantas desaladoras que se desarrollan en la industria. Uno de los casos emblemáticos es el de BHP, que suministra el recurso hídrico a Minera Escondida desde 2018, o el proyecto Infraestructura Complementaria (Inco) de Antofagasta Minerals, iniciativa en construcción y que es clave para evitar una afectación mayor a los niveles de producción de Minera Los Pelambres por la sequía.
El proyecto Rajo Inca también enfrentó problemas con la extracción de agua. Incluso la estatal fue demandada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esta diferencia se resolvió con un acuerdo entre las partes, luego de que la minera comprometiera importantes recursos para medidas ambientales principalmente en la zona del salar de Pedernales. “El tema del agua fue previamente aprobado, después hubo una observación del CDE y los tribunales zanjaron que los derechos que tenía división Salvador para extraer el agua y operar la mina estaban claros, vigentes y eran antiguos. Se pidieron medidas como proteger ciertas áreas, la flora y fauna, y todo estaba dentro de los márgenes estimados por la división. No es un problema el agua para el proyecto Rajo Inca”, aseguró ayer Benavides.
Fuente: El Mercurio
