Un país que gestiona sus recursos en forma eficiente, impacta positivamente en los ámbitos social, ambiental y económico

"Si bien las demandas sociales que han surgido en estos últimos días en el país han visibilizado la inequidad desde el punto de vista económico y social, la invitación es a reflexionar sobre la oportunidad que se abre para repensar y actuar de manera “responsable y sustentable” sobre el uso eficiente de los recursos, y entender que la equidad debe ser social, económica y también ambiental."

Por Alejandra Tapia Soto, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025

Actualmente, se encuentra en consulta pública abierta a la ciudadanía la Hoja de Ruta RCD (Residuos de la Construcción y Demolición), después de un año y medio de trabajo y un proceso participativo en el que interactuaron más de 280 personas, llevado a cabo en cuatro ciudades con distintos contextos geográficos. La Hoja de Ruta RCD, para una Economía Circular en Construcción se desarrolló tras el esfuerzo y la motivación de representantes del sector público que, en conjunto con la academia y el sector privado, soñaron con “un país que gestiona sus recursos en forma eficiente, impactando positivamente en los ámbitos social, ambiental y económico”.

La construcción de una hoja de ruta para la gestión sustentable de los recursos y residuos (RCD) surge de la necesidad de abordar desde el Estado la reducción de extracción de materias primas y generación de residuos de la construcción y demolición (RCD), a partir del uso eficiente de los recursos, y el manejo jerarquizado y ambientalmente racional de los residuos, fomentando la economía circular y la disminución de emisiones del sector construcción.

En Chile, los RCD representan cerca del 34% de los residuos sólidos (Conama 2010). Al año 2023, se proyecta que su generación alcanzará las 7.455.602 de toneladas anuales, solo considerando vivienda (Minvu 2019), lo que equivale a más de 7 millones de metros cúbicos, correspondiente a un volumen de 15,5 estadios nacionales. Este volumen no considera los RCD generados por la construcción de edificios públicos, infraestructura, demoliciones, ni tampoco los escombros originados tras desastres naturales. Esta situación es crítica considerando que actualmente nueve regiones de Chile no cuentan con lugares autorizados de disposición final para residuos sólidos asimilables (Minvu 2019), por tanto, no hay cobertura nacional para su adecuada disposición, tampoco inversiones proyectadas de resolver el problema ni una institucionalidad a cargo a nivel nacional para la gestión de los RCD.

La principal problemática es que los residuos de la construcción y demolición (RCD), históricamente, se insertan en un proceso de producción lineal. Su generación, gestión e inadecuada disposición, son un gasto y pérdida de recursos, tanto para el sector público como para el privado y, además, ha tenido impactos negativos en la salud de las personas, el espacio urbano y natural, deteriorando tanto el entorno social como el ambiental.

El sector de la construcción en Chile tiene una participación por sobre el 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y una participación del 8,5% de los empleos a nivel nacional (CChC, 2017) con 30 mil empresas relacionadas, en las que trabajan más de 700 mil personas. De ellas, un 98% corresponde a pymes, que crean el 81% de los puestos de trabajo en el sector y aportan el 34% de la facturación (Construye2025, 2015). Esta contribución económica se basa en una economía lineal, en la que se extrae, fabrica y construye, luego se desecha y demuele. Según un informe del Panel Internacional de Recursos (IRP 2016), auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), el incremento del consumo sumado al crecimiento de la clase media, ha triplicado la cantidad de materias primas extraídas de la Tierra en las últimas cuatro décadas.

Pero el problema también tiene una fuerte componente social: las comunas donde se genera la mayor cantidad de residuos no tienen sistemas de control -permisos de edificación y recepción final- para la trazabilidad de los residuos, como la legislación europea (Real Decreto 108/2011), al igual que muchos propietarios y ejecutores de las obras no consideran los impactos que causa la construcción y demolición asociadas a sus proyectos ni dónde se dispondrán sus residuos. Esta situación hace evidente la inequidad a nivel territorial, los residuos, RCD, van a parar muchas veces a espacios públicos y riberas de ríos de otras comunas y la municipalidad receptora -generalmente las más vulnerables- se tiene que hacer cargo. Un ejemplo es Puente Alto, que gasta 2,5 veces en limpiar los escombros por sobre la inversión que realiza anualmente en áreas verdes. Además, cuenta con solo 1,5 m2 de áreas verdes por habitante, siendo que la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 9 m2 de áreas verdes por habitante.

Si bien las demandas sociales que han surgido en estos últimos días en el país han visibilizado la inequidad desde el punto de vista económico y social, la invitación es a reflexionar sobre la oportunidad que se abre para repensar y actuar de manera “responsable y sustentable” sobre el uso eficiente de los recursos, y entender que la equidad debe ser social, económica y también ambiental.

La economía circular podría contribuir al crecimiento sustentable, así lo declaran estudios internacionales que han demostrado que es posible aumentar la productividad de los recursos en un 3% anual, incrementar los empleos hasta en un 3%, reducir las emisiones de carbono hasta en un 70% y aumentar el PIB hasta 7% (Ellen MacArthur Foundation 2015), considerando a la construcción como uno de los sectores que tendría un impacto positivo en implementar acciones.