El sector eléctrico Chileno siempre se ha caracterizado y jactado de su estabilidad regulatoria y certeza jurídica, lo que, en gran medida, ha propiciado el rápido crecimiento en los últimos años del sector eléctrico y específicamente de la penetración de las renovables en tiempo record, y asimismo ha atraído la inversión necesaria para dicho crecimiento.
En virtud de lo anterior, alta es la preocupación que ha surgido últimamente respecto a los cambios regulatorios que ha sufrido el sector o que se pretenden implementar, tanto en leyes de gran importancia como aquella que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica, la que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, como en reglamentos tales como el que regula los medios de generación de pequeña escala (PMGD/PMG), reglamento de transferencia de potencia entre empresas generadoras, reglamento de operación y coordinación del sistema y diversas normas técnicas.
"Una regulación mal diseñada y/o mal implementada
puede llevar a una situación de alta incerteza jurídica y discrecionalidad y, por tanto, la estabilidad normativa
debe ir de la mano de un correcto y definido proceso
de creación, revisión y modernización normativa".
La rápida penetración de energías renovables en nuestro sistema eléctrico, la electrificación de la vida diaria y la irrupción de nuevas tecnologías prometen un futuro energético más eficiente, limpio y flexible, sin embargo, estos cambios, en su mayoría, no cuentan con una política regulatoria acorde y, en consecuencia, para introducirlos de la manera correcta en el sistema eléctrico se necesitan modificaciones regulatorias que permitan valorar, adecuadamente, sus contribuciones o costos, e introducirlos de la manera más segura y eficiente posible. La regulación de nuestro sistema eléctrico fue pensada para un sistema mayormente térmico, pero en la actualidad un 24,2 % de capacidad instalada en el sistema eléctrico nacional proviene de energías renovables y la estimación es que al año 2040 toda la energía consumida sea renovable, por tanto es necesario y urgente adecuar la regulación a esta nueva realidad.
Entonces ¿cómo se puede llevar a cabo esto sin afectar la estabilidad regulatoria?
Una regulación adaptable debe prestar atención al problema de cómo equilibrar esta mayor necesidad de flexibilidad con la estabilidad necesaria de ésta, de modo que pueda fomentar tanto la adaptación como la inversión segura.
"La regulación de nuestro sistema eléctrico fue
pensada para un sistema mayormente térmico, pero
en la actualidad un 24,2 % de capacidad instalada en
el sistema eléctrico nacional proviene de energías
renovables y la estimación es que al año 2040 toda la
energía consumida sea renovable, por tanto, es necesario
y urgente adecuar la regulación a esta nueva realidad".
En razón de la complejidad que implica la modernización de la red, es importante elaborar enfoques de planificación y marcos de adopción de decisiones que consideren externalidades y efectos de corto y largo plazo, tomando en consideración para ello el alcance total de la regulación, tanto en la externalidades que ésta genere en los regulados, en la inversión y en otras regulaciones relacionadas, como los beneficios o aportes al sistema que éstas originen.
Un buen comienzo es definir de la mejor manera posible el proceso, teniendo en consideración y equilibrando los tiempos requeridos según la complejidad del cambio y la urgencia de implementarlos. Asimismo, el procedimiento de creación debe incluir una alta y efectiva participación de todos los actores involucrados, y una relación fluida, transparente y de confianza entre los sectores público y privado en la elaboración de las mismas para entender y abarcar el problema desde todos los ámbitos, y así elegir la mejor solución de manera objetiva.
"No basta con incluir una participación a través de
la actual consulta pública o mesas de trabajo, sino
que también es necesario que el regulador esté obligado
a revisar y replantear la redacción de la norma en el caso
que el resultado de esa consulta arroje evidentes
problemas, arbitrariedades o disconformidades".
Los entendimientos compartidos entre los actores le dan legitimidad y fortaleza al proceso y al resultado del mismo y, en consecuencia, no basta con incluir una participación a través de la actual consulta pública o mesas de trabajo, sino que también es necesario que el regulador esté obligado a revisar y replantear la redacción de la norma en el caso que el resultado de esa consulta arroje evidentes problemas, arbitrariedades o disconformidades.
Asimismo, un mayor uso de principios que inspiran la regulación y normas sustantivas, en lugar de reglas o normas especificas, permite que las normas sean per se adaptables sin necesidad de modificarlas, dándole a una regulación coherencia en el tiempo.
Finalmente, una constante evaluación de la regulación permite identificar los problemas que éstas padecen a tiempo, y en consecuencia hace posible que el cambio necesario se realice ex ante y no ex post como ocurre actualmente.
