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Programa “+Energía” pretende destrabar al menos 20 proyectos que actualmente se encuentran en proceso y paralizados; la reducción en un 25% el tiempo de tramitación de éstos en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); la creación de oficinas de gestión de proyectos sustentables y la reforma del SEIA por medio de la instauración de participación ciudadana temprana.

 

Por: Teresita Vial | Advisor en Alster Legal y Experta en Energías

tvial@alsterlegal.com

 

Reporte Sostenible, 07 de agosto, 2018

 

Gran preocupación existe en el Gobierno de Chile por el estancamiento en la tramitación de proyectos de energía, razón por la cual, éste ha tomado diversas medidas con el objeto de agilizarlos.

 

Los mecanismos propuestos son variados, entre ellos, la instauración por parte del Ministerio de Energía del plan “+ Energía”  que pretende destrabar al menos 20 proyectos que actualmente se encuentran en proceso y paralizados; la reducción en un 25% el tiempo de tramitación de éstos en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); la creación de oficinas de gestión de proyectos sustentables, que en teoría terminarían con la burocratización excesiva; y la reforma del SEIA por medio de la instauración de participación ciudadana temprana, la eliminación del comité de ministros y la creación de las macrozonas.

 

Como es posible advertir, la mayoría de estas medidas están centradas en el SEIA, sin embargo, ¿son efectivamente estas las únicas causas? ¿Es el SEIA el responsable que hoy en día haya que tener mucha paciencia para desarrollar un proyecto?

 

Actualmente, para una gran cantidad de proyectos de energía, la evaluación hecha por el SEIA es el principal proceso de tramitación. En esta evaluación se analizan todas las variables que puede tener un proyecto, mucho más allá del ámbito ambiental. Asimismo, todos los permisos y autorizaciones necesarias para operar el mismo, se obtienen de este proceso.

 

La pregunta en consecuencia es, ¿la evaluación ambiental debe hacerse cargo de todo el proceso de desarrollo de un proyecto, revisando asuntos que a veces poco tienen que ver con el medioambiente propiamente tal, y que la mayoría de las veces requieren de un análisis más técnico, o, todo lo contrario, solo una constatación de cumplimiento de requisitos? ¿No será necesario tal vez facilitarle el trabajo al SEIA haciéndose cargo de regular la problemática de fondo, por medio de la mejora del marco normativo de los permisos sectoriales en particular (desregulándolos o regulándolos según sea necesario), y permitiendo independizar del SEIA algunos de estos permisos?

 

A modo de ejemplo, es sorprendente que a pesar del crecimiento exponencial que está teniendo el desarrollo de proyectos de energía, aún no tenemos una planificación u ordenamiento territorial energético, que permita saber a priori en qué zonas es posible desarrollar ciertos tipos de proyectos y en cuales no.

 

Los actuales instrumentos de ordenamiento territorial se encuentran divididos en numerosas leyes, ordenanzas, ordinarios, dictámenes, planes reguladores etc., que además en muchos casos son distintos para cada región del país, no existiendo una unidad o coherencia entre ellos.

 

Esta diversidad de herramientas de ordenamiento territorial lleva a contradicciones, conflictos de competencia por el territorio, y mal uso de instrumentos, lo que genera discrecionalidad en las decisiones y falta de seguridad jurídica en los distintos actores y, asimismo, complejizan la protección del medio ambiente, y al mismo tiempo el correcto desarrollo de proyectos de energía.

 

Agrava el problema el hecho de que la mayoría de la legislación e instrumentos de organización territorial están principalmente destinados a la regulación de territorio urbano, siendo que casi la totalidad de los proyectos de energía renovable son construidos en suelos rurales.

 

Otro dolor de cabeza para el desarrollo de proyectos, es la excesiva discrecionalidad administrativa que actualmente tienen principalmente los órganos descentralizados, la que genera una gran incertidumbre normativa. Los criterios de evaluación son modificados frecuentemente, por lo que ya no es suficiente conocer las leyes y reglamentos que regulan las distintas variables que hay que tener en cuenta para el desarrollo de un proyecto, si no que hoy en día además hay que conocer un sinfín de circulares y oficios (no publicados y que en teoría solo son vinculantes para la administración) dictados por los respectivos órganos con el fin de interpretar leyes y reglamentos, pero que en general, y erróneamente, crean nuevas normas que generan cargas para los particulares, siendo esta potestad completamente contraria al principio de reserva legal.

 

Estos dos temas son un ejemplo de cómo, las normas poco claras y precisas, que admiten diversas interpretaciones y las lagunas normativas, llevan a cometer errores o discrecionalidades por parte de la autoridad a la hora de evaluar un proyecto.

 

La Ministra de Energía ha señalado que, para destrabar los proyectos, además de la agilización del Estado, es necesario que los privados “diseñen mejor los proyectos”. ¿Pero es posible diseñar adecuadamente un proyecto con una normativa tan cambiante y con tantas lagunas?  Lo que se planifique adecuadamente hoy, en dos años puede ser considerado inadecuado, un área puede ser apta para instalar proyectos hoy pero mañana no, y así sucesivamente.

 

En síntesis, tal vez sea necesario dejar de cargarle tanto la mano al SEIA, y hacerse cargo de los problemas de fondo que están causando que éste no pueda ser lo eficiente y ágil que se le exige.

 

Teresita Vial | Advisor en Alster Legal y Experta en Energías

tvial@alsterlegal.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demora en el desarrollo de proyectos de energía: ¿Es el SEIA el culpable?

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